
La presidenta Keiko Fujimori respaldó la gestión de Josué Gutiérrez al frente de la Defensoría del Pueblo, pese a los cuestionamientos que enfrenta el funcionario. Durante la ceremonia por el 30 aniversario de la institución, la mandataria afirmó que "el Gobierno no debe considerar a la Defensoría como una institución incómoda ni como un adversario".
La jefa de Estado no se limitó a un saludo protocolar. Pidió que el Ejecutivo trate a la Defensoría como una "aliada para identificar deficiencias, corregir procedimientos y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos".
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Además, se comprometió a un punto concreto: "Reafirmo nuestra disposición de atender con seriedad las recomendaciones de la Defensoría y mantener una relación respetuosa, transparente y constructiva", declaró.
El respaldo llegó en un momento delicado para Gutiérrez. El defensor del Pueblo carga con dos frentes de cuestionamiento distintos: uno por declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso, y otro por presuntas irregularidades en contrataciones dentro de la institución que dirige. Ninguno de los dos temas apareció mencionado en el discurso de la presidenta.
La polémica más reciente sobre el cierre del Congreso estalló hace poco más de dos semanas. Gutiérrez dijo en una entrevista radial que, si Fujimori disolviera el Parlamento, su popularidad subiría "veinte o treinta puntos".
El defensor aclaró después que no buscaba alentar esa medida, sino advertir sobre la debilidad de las instituciones democráticas en el país. Aun así, la diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, presentó una denuncia constitucional en su contra. El documento pide su destitución y una inhabilitación de diez años. La propia Fujimori calificó los dichos de Gutiérrez como "un desliz" y rechazó de forma categórica cualquier posibilidad de cerrar el Congreso.
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A ese frente se suma otro, más reciente todavía. Una investigación del programa 'Cuarto Poder' reveló un patrón de contrataciones y ascensos dentro de la Defensoría vinculados a reuniones previas con Gutiérrez. Uno de los casos es el de Lucía Yalán Cano, quien se reunió con el defensor en junio de 2024 y, semanas después, obtuvo su Registro Nacional de Proveedores junto con cinco órdenes de servicio consecutivas, antes de ingresar como asistente administrativa bajo el régimen CAS.
Otro caso es el de Betbiary Mariel Díaz Coral, quien asumió la jefatura del Programa del Derecho a la Salud sin acreditar los cuatro años de experiencia que exigía el puesto. La Contraloría General de la República encontró, además, documentos que validaban solo días de trabajo para sustentar años de experiencia en algunos legajos.
Los hallazgos de la Contraloría reabrieron el pedido de sanción contra Gutiérrez. En el Congreso ya circulan pedidos formales para su destitución, a los que se suma la denuncia constitucional por el tema del cierre del Parlamento.
El propio defensor salió a responder ambos frentes: calificó el informe de la Contraloría como "una ligereza desproporcionada" y, sobre la denuncia constitucional, dijo estar dispuesto a presentarse ante el Congreso y ofrecer disculpas si el trámite avanza. Ninguno de estos dos episodios fue mencionado por Fujimori durante la ceremonia por el aniversario de la institución.





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