
Rosa María Palacios expresó una postura contundente frente a las medidas que deberían adoptarse para proteger a niñas y adolescentes de la violencia sexual. Durante su intervención, la conductora respaldó una iniciativa legislativa que plantea sancionar penalmente las convivencias entre adultos y menores de edad. "Eso es esclavitud sexual", sostuvo. Asimismo, cuestionó las prácticas que, bajo argumentos de ayuda o protección, terminan exponiendo públicamente a niñas víctimas.
En ese contexto, Palacios se refirió especialmente a los embarazos en menores de 14 años y sostuvo que estas situaciones deben ser abordadas desde una perspectiva de violencia sexual y protección de la infancia.
"Una niña que está embarazada antes de cumplir 14 años ha sido violada. Punto", afirmó. La conductora consideró que las relaciones de convivencia entre una persona adulta y una menor no deberían ser abordadas únicamente desde el ámbito civil, debido a que pueden existir situaciones de coacción, abuso y vulneración de derechos.
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Durante su análisis, Palacios respaldó un proyecto de Ahora Nación que propone establecer penas de hasta 10 años de cárcel para quienes mantengan uniones de hecho cuando una de las personas sea mayor de edad y la otra sea menor.
Para la conductora, una legislación de este tipo permitiría reforzar la protección de niñas y adolescentes frente a situaciones en las que una menor termina conviviendo con un adulto.
Palacios sostuvo que obligar a una niña a permanecer junto a quien la agredió constituye una grave vulneración de sus derechos y cuestionó que estas situaciones puedan ser normalizadas bajo la figura de una convivencia. La discusión, según planteó, debe centrarse en el interés superior de las menores y en garantizar su seguridad, intimidad y derecho a una reparación.
Otro de los puntos que generó críticas por parte de Palacios fue la exposición pública de niñas que han sido víctimas de violencia sexual.
La conductora cuestionó que organizaciones, albergues o personas vinculadas a labores de ayuda puedan presentar públicamente a menores víctimas en ceremonias o actividades, al considerar que estas prácticas pueden terminar revictimizándolas.
En su intervención, criticó que las niñas sean utilizadas como elementos para demostrar una determinada labor social, religiosa o institucional, en lugar de garantizar su privacidad y protección.
Palacios sostuvo que la condición de víctima de una menor no debe convertirse en un argumento para exponer su historia o imagen públicamente. La prioridad, señaló, debe ser preservar su dignidad y evitar nuevas situaciones de vulnerabilidad.
La conductora también planteó que el Congreso debe utilizar sus mecanismos de investigación para determinar si existen responsabilidades institucionales en casos de violencia sexual contra menores.
En esa línea, destacó el papel que pueden cumplir las comisiones investigadoras para acceder a información y determinar cómo funcionan las instituciones encargadas de proteger a niñas y adolescentes.
Entre los aspectos que, a su juicio, deberían ser revisados se encuentran los procesos de selección del personal que trabaja en albergues, los modelos de internamiento, los mecanismos de prevención y las condiciones en las que se atiende a las menores víctimas.
La propuesta, según su planteamiento, no debería limitarse a identificar casos individuales, sino también determinar qué fallas estructurales permiten que situaciones de violencia se repitan.
Palacios también consideró que una respuesta basada únicamente en el endurecimiento de las penas sería insuficiente. A su juicio, las medidas legislativas deben estar acompañadas de políticas de prevención, educación sexual integral y fortalecimiento del sistema de protección de niñas y adolescentes.
El objetivo, sostuvo, debe ser evitar que las menores lleguen a situaciones de violencia y garantizar una atención adecuada cuando ya han sido víctimas.
De esta manera, su propuesta combina una respuesta penal frente a las convivencias entre adultos y menores con medidas preventivas y de protección, además de una investigación sobre las posibles fallas de las instituciones encargadas de atender a las víctimas.
Para Palacios, el debate debe tener como eje la protección de la infancia y evitar que las niñas sean nuevamente vulneradas, ya sea por sus agresores o por instituciones que deberían protegerlas.





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