
El diputado de Fuerza Popular, Javier Castro Cruz, acumula nueve sentencias firmes por delitos de injuria, calumnia y difamación. A ese historial se sumó, en marzo de este año, una nueva condena por difamación agravada, emitida en plena campaña electoral. Así lo reportó el programa Panorama que reveló el historial judicial del parlamentario pese a su llegada al Congreso en el actual periodo bicameral.
El registro judicial de Castro Cruz no se limita a los delitos contra el honor. El legislador también acumula procesos relacionados con obligaciones alimentarias, según el informe periodístico. La suma de casos configura un patrón de litigios que se extendió por años, incluso mientras el diputado construía su carrera política.
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El caso volvió a la agenda pública tras un round de declaraciones entre Castro Cruz y el gobernador de Lambayeque. El enfrentamiento ocurrió durante una actividad de representación en la región, un espacio pensado para que los congresistas fiscalicen la gestión pública en sus zonas de origen.
Castro Cruz cuestionó la gestión del gobernador regional. La autoridad, lejos de quedarse callada, le recordó sus antecedentes judiciales. Lo acusó, además, de haberlo difamado durante varios años. El cruce dejó en evidencia la tensión que existe entre el legislador y las autoridades de su región.
El choque entre Castro Cruz y el gobernador no fue un hecho aislado. Ocurrió en el contexto de la semana de representación, periodo en el que los congresistas viajan a sus regiones para atender demandas ciudadanas y fiscalizar a las autoridades locales. En ese escenario, el historial judicial del diputado volvió a quedar expuesto ante la opinión pública.
El gobernador utilizó los antecedentes de Castro Cruz como argumento de respuesta. Le recordó, en público, que enfrenta procesos judiciales por difamación. La acusación no quedó solo en lo político: el gobernador sostuvo que el propio diputado lo difamó durante un periodo prolongado de tiempo.
Castro Cruz, quien además es propietario de una radio, respondió a la polémica con un anuncio concreto. Afirmó que contratará un estudio jurídico particular para hacerse cargo de sus procesos judiciales. Aseguró, también, que buscará que esas diligencias no interfieran con su labor como congresista.





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