Cinco policías son investigados por presunto direccionamiento en compra de alimentos para la PNP

El coronel PNP, Luis Santos Villar, exjefe de la División de Seguridad de Penales de la Dirección de Seguridad Integral, y otros cuatro policías son investigados tras ser acusados de haber concertado para direccionar, entre 2024 y febrero de 2026, el proceso de contratación del servicio de suministro de alimentos para la Ración Orgánica Única Diaria (ROUD) de la Policía Nacional del Perú, favoreciendo a la empresa Proveeduría Pilema S.A.C.

De acuerdo a la investigación preliminar, los agentes habrían utilizado sus cargos para administrar directamente los fondos de la ROUD destinados a la alimentación y favorecer de manera sistemática a la empresa proveedora, evadiendo los controles administrativos.

Aparte del coronel Santos, también se encuentran implicados los efectivos Godfredo Villavicencio, José Piscoya y Luis Larrea, además de José Miranda, trabajador de la empresa proveedora.

También se identificó que la proveedora Julia Miranda mantenía un vínculo directo con la jefa de Logística de la referida división policial, Cynthia Vásquez, lo que habría facilitado el supuesto favorecimiento.

El jueves la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Quinto Despacho), a cargo del fiscal provincial Raúl Martínez Huamán, ejecutó un allanamiento, registro e incautación en ocho inmuebles vinculados a cinco policías de la Dirseint PNP.

El operativo incluyó a dos civiles por el presunto delito de colusión agravada y estuvo dirigido por el fiscal adjunto provincial Leonardo Rosales Zavala.

Se realizó de manera simultánea en inmuebles ubicados en Los Olivos, Carabayllo, Rímac, Comas, San Martín de Porres y el Callao, con el apoyo de personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP y representantes de la Defensa Pública.

El teniente general Augusto Ríos Tiravanti, Inspector General de la Policía Nacional del Perú, viene liderando una política de transparencia radical bajo la premisa de que un efectivo que comete actos ilícitos deja de ser policía y se convierte en delincuente.

Por eso, se han ejecutado operativos de contrainteligencia con cámaras ocultas y drones para capturar a malos elementos, como los nueve policías intervenidos en Vitarte por pedir coimas.

La Inspectoría General ha formulado cientos de notas de contrainteligencia y sancionado a más de 500 efectivos por el uso indebido de plataformas digitales para proteger la imagen institucional.

"El uniforme representa honor, disciplina y servicio a la patria. Cada efectivo policial tiene el deber de actuar con integridad, respeto a la ley y compromiso con la ciudadanía", afirmó Ríos Tiravanti.

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Quien utilice su condición policial para cometer actos ilícitos traiciona los valores institucionales y deberá asumir las consecuencias de sus actos conforme a ley. En la PNP no hay espacio para la corrupción ni para conductas que afecten la confianza de la población, enfatizó.

Por ello, la Policía Nacional del Perú mantiene firme su compromiso de combatir la corrupción, fortalecer la integridad institucional y honra la labor de quienes sirven al país con rectitud, subrayó finalmente.