Ordenan frenar la reactivación del Lote 64 en territorios indígenas de la Amazonía peruana

Desde hace más de 30 años, los pueblos achuar, wampis y chapra vienen oponiéndose a la actividad petrolera ante los reiterados intentos del Gobierno peruano y de empresas privadas de poner en funcionamiento el Lote 64, yacimiento ubicado en Morona, provincia Datem del Marañón, región Loreto.

El lote 64 siempre atrajo a empresas que buscan explotar petróleo, pero que en el camino se han encontrado con una gran resistencia de los pueblos indígenas de la zona. Y es que la concesión se superpone con parte de los territorios de varias comunidades, un problema legalmente avalado por los gobiernos, pese a que no es aceptado por los pueblos indígenas

El territorio adjudicado para la explotación del lote 64 se superpone con las tierras de las comunidades indígenas y 22 de ellas conviven con la actividad petrolera. Además, nueve comunidades son afectadas por una superposición del 100 por ciento de su territorio. 

“Nuestros bosques son nuestra medicina, nos da de todo, nos han salvado durante la pandemia. Luchamos contra el Covid-19, comiendo y tomando medicinas naturales”, asegura el dirigente achuar, Nelton Yankur.

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Por eso, las naciones Achuar, Wampis y Chapra expresaron este jueves su satisfacción ante una sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que exige al Estado peruano no reactivar el Lote 64, superpuesto a sus territorios en Loreto y Amazonas.

La decisión se dio a conocer tras la audiencia realizada en Puyo, Ecuador, con presencia de representantes indígenas y expertos internacionales. El tribunal fue integrado por Francesco Martone, Patricia Gualinga, Natalia Greene, Mario Melo y Pablo Solon. En la audiencia se tuvo una intervención del Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento, Pedro Arrojo.

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, creado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, sesionó en el XII Foro Social Panamazónico, que reúne a pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades locales y movimientos sociales de los países de la cuenca amazónica. En esta edición, se analizaron seis casos de la región vinculados a los impactos de la extracción de combustibles fósiles.

La jueza Tatiana Roa anunció que el tribunal reconoce los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. En representación del Tribunal exigió al Estado peruano suspender toda actuación destinada a reactivar el Lote 64 y revisar las decisiones que habilitan la explotación.

La sentencia demanda el respeto al derecho de consulta y consentimiento previo, así como la restauración de los ecosistemas afectados, y subraya que quienes defienden los territorios hagan su labor sin amenazas ni persecución. Dispuso, además, que la decisión sea remitida al sistema interamericano donde existe una petición respecto a la nulidad del lote en mención, así como a otros organismos internacionales.

En la parte de la audiencia dedicada al caso peruano, Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; Elmer Kunchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP); y Elio Sesen, abogado de la Nación Wampis, expusieron los efectos negativos de la explotación petrolera en sus territorios, alertando sobre daños a fuentes de agua, vida silvestre y a la vida comunitaria.

Son 33 años de lucha incesante sostenida por las 3 naciones para que no se extraiga el petróleo en sus territorios. “Rechazamos porque para nosotros es contaminación de la naturaleza. Perjudica la vida de la humanidad, trae muchas enfermedades, y contamina nuestros ríos, bosques, a nuestras chacras, que son mercados, farmacias, la base de la subsistencia de nuestras comunidades.”, declaró Elmer Kunchim de la FENAP.

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Al respecto, Olivia Bisa expresó: “Hemos visto con pesar la experiencia de extracción de petróleo realizado en otros pueblos indígenas cercanos a nuestros territorios. Sus hijos tienen plomo, cadmio, metales pesados en su sangre, tienen su futuro contaminado y no queremos eso para nosotros y nuestros descendientes. Nuestras propias naciones han sufrido derrames de crudo en 2016, 2019, 2022 y 2024 por causa del Oleoducto operado por Petroperú y el Lote 192 que estando fuera de nuestro territorio igual nos afectó”.

Según la investigación “Las sombras de los hidrocarburos”, entre 1997 y mayo de 2023 se registraron 1.460 derrames y fugas de hidrocarburos en Perú, el 57% en la Amazonía y el 43% en la costa. Loreto fue la región más afectada, con 707 derrames. El Lote 64 forma parte de la ruta norte del petróleo, que incluye el Oleoducto Norperuano y dos refinerías de Petroperú.

La operación del Lote 64 ha estado marcada por el incumplimiento de la consulta previa ante la posible afectación directa de sus derechos colectivos, a pesar de que el Convenio 169 de la OIT rige en el país desde 1995. Asimismo, tienen derecho al consentimiento previo libre e informado ante proyectos de gran impacto.

Las organizaciones indígenas denunciaron que Petroperú y las empresas socias como GEOPARK y las antecesoras vulneraron ambos derechos. Sumado a ello, el estudio de impacto ambiental presentado por Geopark en 2018 recibió más de 100 observaciones, varias de ellas aportadas por la FENAP y la Nación Wampis en las que alertaron sobre la falta de reconocimiento de pasivos ambientales en la zona, plagios de Wikipedia, deficiencias en la gestión de residuos, información insuficiente sobre el traslado de toneladas de crudo de petróleo a través del río Morona, entre otros.

El retiro de Geopark en 2020 dejó a Petroperú como único operador, desde entonces busca un socio comercial para reactivar la explotación mientras enfrenta una prolongada crisis financiera.