Estas son las nuevas medidas para combatir la extorsión, según el Mininter

Las bandas criminales nacionales y extranjeras han tomado como una de sus principales formas de financiación la extorsión en todo el país. Esta problemática se ha denunciado no solo en Lima Metropolitana, Callao, La Libertad, Piura, Tumbes, Arequipa y otras ciudades principales, donde grupos armados se han establecido, sino también en algunas zonas rurales.

Al concluir su presentación de la Política General del Gobierno ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República, el ministro del Interior, César Astudillo, anunció las medidas orientadas a combatir al crimen organizado y recuperar la seguridad y tranquilidad de las familias peruanas.

En primer término, aseguró que la estrategia del Ministerio del Interior contempla cinco objetivos principales: anticiparse al crimen, recuperar el control del territorio, quitarle al crimen sus herramientas, controlar las fronteras y lograr que todo el sistema de seguridad y justicia funcione de manera articulada.

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"Sabemos que el crimen ha cambiado. Hoy enfrentamos organizaciones criminales que extorsionan, asesinan, trafican armas, controlan territorios, utilizan tecnología, tienen capacidad económica y, en muchos casos, operan más allá de nuestras fronteras", sostuvo.

Al respecto, el vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán Mamani, cuestionó al ministro del Interior por las medidas que expuso en materia de seguridad.

Cuestionó que, pese al cambio de Gobierno, se mantengan estrategias que, a su juicio, no han dado resultados frente a la criminalidad. "Entre enero y julio se han registrado más de 1.200 homicidios, y en lo que va del gobierno de Keiko Fujimori hay más de 105 homicidios", señaló.

Como primer objetivo, Astudillo señaló que se fortalecerán las capacidades de la PNP con énfasis en la inteligencia policial, el análisis de información, la tecnología y la asignación de recursos, a fin de anticipar las amenazas antes de que generen víctimas.

El segundo punto apunta a recuperar el control territorial mediante estrategias diferenciadas según la realidad de cada región. En ese marco, se priorizará la lucha contra la extorsión, el sicariato y las economías criminales vinculadas con la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el tráfico de armas.

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Respecto del tercer objetivo, el titular del Interior explicó que se busca debilitar las capacidades de las organizaciones criminales, afectando sus principales herramientas de operación: dinero, armas, información y logística. Para ello, se fortalecerá el trabajo de inteligencia, así como el control, trazabilidad y fiscalización de armas y municiones.

Como cuarto objetivo, remarcó que se reforzará el control de las fronteras y el intercambio de información, así como la coordinación con Migraciones para enfrentar el ingreso y permanencia irregular de personas vinculadas a actividades delictivas.

Finalmente, el quinto objetivo plantea una mayor articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El ministro remarcó que la seguridad no termina con una captura, sino que requiere la continuidad del proceso en las distintas instancias del sistema de justicia.

Más tecnología y respaldo para la PNP

El ministro César Astudillo también destacó la necesidad de modernizar las capacidades de la Policía Nacional mediante herramientas de geolocalización, reconocimiento facial, cámaras inteligentes, sistemas de trazabilidad, analítica y drones. Para ello, sostuvo que se requiere garantizar los recursos necesarios para que estas capacidades lleguen hasta las unidades operativas y de inteligencia.

Asimismo, expresó su respaldo a los 140.000 policías desplegados en todo el país y resaltó la necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo, equipamiento y recursos para el cumplimiento de su misión constitucional.

Como parte de su compromiso con una gestión transparente, Astudillo Salcedo informó que se ha solicitado la intervención de la Contraloría en entidades y procesos cuestionados, entre ellos el Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP, el Fondo de Vivienda Policial, la adquisición de más de 31.000 pistolas y el proceso de compra de cámaras corporales.