ONPE detectó que Renovación Popular habría usado fondos públicos para su campaña electoral

La ONPE detectó que Renovación Popular habría usado parte del Fondo Partidario Directo (FDP) para financiar cinco servicios que habrían beneficiado al partido en su campaña electoral del 2026. Se trata de un gasto por S/250.375,34 de los fondos públicos.

En su informe, el organismo electoral precisa que el partido político registró gastos por concepto de investigación los días 16 de mayo, 18 de junio, 7 de julio y 15 de agosto de 2025 por un total de S/113.325,34. Sin embargo, tras evaluar el requerimiento de servicio, propuestas y demás, advirtieron que los servicios estuvieron orientados principalmente al análisis de coyuntura electoral, percepción política y estrategia comunicacional en un contexto preelectoral.

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En ese sentido, consideran que no están alineados con el concepto del servicio que iba dirigido sobre investigaciones de problemas nacionales de carácter socioeconómico. Asimismo, no se acreditó que los servicios formen parte de un proceso integral de investigación.

La ONPE también cuestiona el gasto de S/82.600 con un instituto legal para asesoría en procesos electorales, pero detectó que parte de ese servicio estaba orientado en la defensa legal en procedimientos administrativos sancionados derivados de infracciones relacionadas a pintas de propaganda electoral en lugares no permitidos y asesoría legal en el marco de las elecciones primarias.

Todo ello, indica el organismo electoral, no está relacionado al funcionamiento ordinario de la organización política, sino que tiene carácter electoral y de propaganda electoral.

Propaganda electoral

En tercer lugar figura un gasto registrado el 11 de diciembre de 2025 por concepto de “Asesoría Integral de Estrategia Política de Comunicaciones” por la suma de S/33.700; sin embargo, la ONPE advierte que se trató de acciones de estrategia política de posicionamiento electoral y propaganda.

“Las actividades no se encuentran orientadas al fortalecimiento institucional ni a las necesidades operativas y administrativas ordinarias de la organización política”, se lee en el informe.

Sumado a ello, está el gasto de S/20.000 por la “Producción de material audiovisual para las Elecciones Primarias”, pero identificaron que lejos de ser actividades de capacitación, se trató de proselitismo político.

Figuran servicios orientados a la difusión de contenidos institucionales y audiovisuales vinculados al proceso de elecciones primarias, promoción partidaria y posicionamiento político, lo que habría fortalecido la presencia digital y promovido mensajes políticos a favor del partido.

Finalmente, se identificó el gasto de S/750 para el servicio “Traducción e interpretación de spots para la franja electoral”, algo que para la ONPE es evidentemente la adecuación de material de propaganda política en el marco del proceso electoral.

ONPE también observó libro sobre Rafael López Aliaga

Antes de esto, la ONPE ya había observado que el partido de López Aliaga destinó 6.400 dólares (alrededor de 24.700 soles) del financiamiento público directo para la elaboración del libro digital de 42 páginas titulado 'Mi Gallo es el Chancho', redactado por el periodista Francisco de Piérola.

Los documentos del expediente muestran que la propuesta fue presentada el 25 de septiembre de 2025 bajo el compromiso formal de escribir la "Historia del Partido Político Renovación Popular".

Pese a ello, el contenido final se enfocó en pasajes de la vida de Rafael López Aliaga y en la relación de amistad del autor con el ex candidato presidencial.

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE observó que el servicio no está relacionado con trabajos de investigación orientados al análisis ni a la propuesta de soluciones a problemas nacionales, tal como lo exige el artículo 27° del Reglamento de Financiamiento.

Otro caso

Renovación Popular no es el único partido. A inicios de mayo de este 2026, la ONPE sancionó a Fuerza Popular con una multa de 36 UIT (S/198.000) y con la reducción al 50% de los fondos asignados al partido por destinar dinero del Financiamiento Público Directo (FDP) para actividades no contempladas en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

De acuerdo con la institución, la organización destinó el financiamiento estatal a cuatro acciones que constituyen la conducta infractora. Entre ellas se encuentran gastos por capacitaciones y en intereses moratorios.