JNJ rechaza posible suspensión de sus miembros y asegura que el CAL "carece de competencia" en sus funciones

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó el pedido del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para suspender durante seis meses la habilitación profesional de cinco de sus integrantes. El organismo sostuvo que el CAL no tiene competencia para sancionar a miembros de la JNJ por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

La JNJ también señaló que los cinco integrantes cuestionados renunciaron al Colegio de Abogados de Lima debido al rumbo político que, según afirmaron, ha tomado la institución. Sin embargo, el CAL no aceptó sus renuncias. Por ello, la JNJ considera que el gremio no puede ejercer potestad disciplinaria sobre personas que expresaron su voluntad de desafiliarse.

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Además, la JNJ cuestionó la base legal del procedimiento iniciado por el CAL. Según el organismo, el Código de Ética utilizado para sustentar la sanción tendría una vigencia discutible, debido a que su propia norma establece que debía entrar en vigor tras ser publicada en el diario oficial El Peruano, algo que no habría sido acreditado.

El conflicto está relacionado con las decisiones de los integrantes de la JNJ sobre la reincorporación de la fiscal suprema Patricia Benavides. La JNJ sostiene que una discrepancia con sus decisiones no puede convertirse en una sanción gremial ni utilizarse como instrumento de presión contra un organismo constitucional autónomo.

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CAL evaluará suspensión de miembros de la JNJ

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima analizará este miércoles 12 de agosto, desde las 5.00 p. m., la solicitud para suspender a cinco integrantes de la Junta Nacional de Justicia, quienes son señalados por presuntas infracciones éticas cometidas durante el ejercicio de su profesión.

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La medida cautelar fue promovida por el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval. La denuncia sostiene que los abogados incurrieron en tres hechos ocurridos en julio del año pasado. Entre ellos, se encuentra el pedido para restituir a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, pese a que Delia Espinoza ejercía entonces dicho cargo, así como la solicitud al comandante general de la Policía Nacional para emplear la fuerza pública, conducta que los denunciantes consideran propia de un gobierno de facto.

Los denunciados también son cuestionados por un presunto incumplimiento de su deber de transparencia. Según la acusación, estas acciones habrían vulnerado disposiciones del Código de Ética relacionadas con el respeto a la ley, la probidad y la integridad profesional. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó el caso como paradigmático por la gravedad de los hechos, que incluso motivaron un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y advirtió que este tipo de actuaciones afectan la confianza ciudadana en la profesión legal y la defensa del sistema democrático.