El inicio del gobierno de Keiko Fujimori: entre el control total del poder y la sombra del autoritarismo

Keiko Fujimori llega al poder bajo una serie de cuestionamientos sobre el respeto a la institucionalidad democrática, el riesgo de una hegemonía desde el nuevo Senado y la memoria del régimen de los noventa, alimentada por sus propias declaraciones durante su campaña en las que señaló que buscaba ser presidenta para "gobernar como lo hizo su padre", además de proponer la salida del Perú del Pacto de San José y la reinstauración de los "jueces sin rostro".

A puertas de la toma de mando, Keiko Fujimori inicia su régimen denunciando que los últimos gobiernos le están entregando el país de manera “catastrófica” e incluso señala que el panorama actual es “desolador” y “muy triste”. Sin embargo, especialistas recuerdan que el fujimorismo, desde el Parlamento, se dedicó a moldear el país que hoy critica.

Prueba de ello es que, en el tramo final de la legislatura, el fujimorismo y sus aliados aprobaron una polémica ley impulsada por Fernando Rospigliosi para cambiar el delito de lesa humanidad en el Código Penal.

Esta norma inventa requisitos que no existen en los tratados internacionales y abre la puerta para archivar juicios históricos como Barrios Altos, La Cantuta y las esterilizaciones forzadas, lo que podría beneficiar a más de 150 condenados y 600 procesados, según lo indicó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Pero el problema también va de la mano con la persecución a autoridades que buscan hacer justicia. El propio Rospigliosi denunció ante la Junta Nacional de Justicia a la fiscal Rosario Quico Palomino para exigir su destitución por no aplicar la ley que favorece la prescripción de delitos de lesa humanidad

Al mismo tiempo, desde el Parlamento se impulsaron investigaciones y sanciones contra aquellos jueces que se negaron a aplicar estas normas por considerarlas inconstitucionales.

Desde el marco internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el clima de intimidación que se ha creado contra los jueces y fiscales, advirtiendo que estas sanciones buscan castigar a los magistrados independientes, debilitar la justicia y asegurar que los delitos graves queden sin castigo.

"La Comisión observa con especial preocupación que el inicio de estos procedimientos disciplinarios estaría generando un efecto intimidatorio dentro del Poder Judicial, inhibiendo o desalentando el ejercicio legítimo del control de convencionalidad por temor a enfrentar investigaciones, suspensiones o eventuales destituciones", se lee en su comunicado.

En medio de este clima de desconfianza, la lideresa de Fuerza Popular —quien logró el sillón presidencial tras tres intentos fallidos, al vencer a Roberto Sánchez en segunda vuelta— asume este martes 28 de julio la presidencia.

La juramentación se realizará en el Congreso con la visita de presidentes de la región, el rey de España, Felipe VI, y enviados del gobierno estadounidense.

La paradoja del Estado "catastrófico" y la responsabilidad fujimorista

Como advierte el sociólogo y analista Fernando Tuesta Soldevilla, Fuerza Popular constituye la única "dinastía política" del país que regresa a Palacio tras el colapso de un régimen autoritario.

"Recibe un Estado cuya precariedad denuncia, pero que el fujimorismo ayudó decisivamente a configurar desde el Congreso", señaló desde sus redes oficiales.

Además, agregó que al asumir el Ejecutivo, ya no habrá espacio para responsabilizar a otros. "Desde la oposición podía bloquear o censurar; ahora será el gobierno".

Esta lectura sobre el ejercicio real del poder la refuerza el abogado de IDL, Carlos Rivera, quien señaló para La República que la hegemonía lograda en el Senado demuestra que Fuerza Popular llega "con todas las mañas y aprendizajes sabidos tras haber controlado el Parlamento".

Según Rivera, la mayor amenaza no es solo el discurso de transferencia, sino la consolidación de un esquema que ya venía operando: el acoso sistemático a jueces y fiscales independientes, la Ley APCI contra las ONG y el paulatino cierre de los espacios cívicos.

Leyes pro crimen y la persecución a jueces y fiscales

Frente a las emergencias del país, las exigencias de los especialistas giran en torno a la modificación de las normas que debilitan la lucha contra la delincuencia y la corrupción.

La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello indicó que la presidenta electa no recibe el beneficio de la duda, sino el peso de su propia trayectoria. "Gobernar no es ganar una elección; es demostrar que el poder tiene límites y que esos límites se respetan. La prueba de fuego será desde el primer día", sostuvo Pérez Tello para La República.

A esta lectura se suma la ex primera ministra Mirtha Vásquez, quien advierte que la “prueba de fuego” del Ejecutivo será resolver la inseguridad y la crisis climática mediante reformas estructurales, evitando que las emergencias "se aprovechen para hacer espacios de corrupción".

Contrapesos en el Congreso y alertas de impunidad

Desde la bancada opositora de Ahora Nación, el diputado electo Ángel Meneses exige que el Ejecutivo desmantele el "monstruo creado en el desequilibrio de poderes y el sistema de justicia", mientras que el diputado electo Jair Manrique califica el escenario político como "bastante desolador" ante un fujimorismo que "prácticamente ya lo controla todo". Además, Manrique también señaló que desde el oficialismo le habían ofrecido cargos.

A esta alarma se suman juristas y defensores de derechos humanos. Julissa Mantilla, excomisionada de la CIDH, indicó que una señal mínima de respeto democrático sería deslindar de las leyes inconstitucionales aprobadas en el Congreso.

"Todas las leyes aprobadas recientemente, como la prescripción de crímenes de lesa humanidad, son inconstitucionales; el primer paso del gobierno debería ser deslindar de ellas".

Además, agregó que es necesario “cesar la persecución al Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia impulsada desde el Congreso contra magistrados que hacen control de convencionalidad".

Asimismo, Tania Pariona (CNDDHH) alerta sobre el riesgo de un debilitamiento del espacio cívico y de la respuesta autoritaria ante la protesta social.

“El posible incremento de la conflictividad social, especialmente en territorios donde existen disputas por actividades extractivas tanto de empresas formales como el de las economías ilegales. Diversas organizaciones consideran que, si las demandas sociales son tratadas principalmente desde una lógica de orden público y seguridad, en lugar de mecanismos de diálogo, podrían intensificarse los conflictos y las denuncias por uso excesivo de la fuerza”, señaló para La República.

Del mismo modo, Mesías Guevara advierte fragilidad en el bloque opositor y la necesidad de que dicho bloque se mantenga unido.

Además, agregó que “la compra de votos es una mala práctica del fujimorismo. Lo que sucedió en la elección de la Mesa Directiva del Senado es una señal que podría suceder”.

En esa misma línea, Ernesto Zunini, diputado por Juntos por el Perú, cuestionó dichas prácticas y señaló que "el oficialismo ha venido cooptando votos dentro del hemiciclo".

"Lo más preocupante es que presumimos que estaría recurriendo a los mismos métodos de los años dorados para cooptar el poder del Estado y construir falsas mayorías. Creo que nuestro desafío es afianzar este consenso, buscando darle estabilidad política al país y, sobre todo, consolidar un Parlamento de oposición democrática", dijo Zunini para este medio.