Un eventual gobierno de Keiko Fujimori sería continuación del “pacto mafioso” en el Congreso

La propia candidata Keiko Fujimori despejó dudas sobre cómo sería un gobierno encabezado por ella: "¿Por qué quiero ser presidenta? Primero, para gobernar como lo hizo mi padre, en la cancha, caminando, escuchando. Yo les pido una oportunidad", dijo el 29 de abril del 2026.

En realidad, sería la continuación del actual régimen controlado por el fujimorismo desde el Congreso, en alianza con otros partidos como Perú Libre, Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Más conocido como el "pacto mafioso":

En el debate presidencial con Roberto Sánchez, Keiko Fujimori negó ejercer el poder y argumentó que la representación de Fuerza Popular se limita a 20 legisladores, pasando por alto la alianza que forjó con las otras agrupaciones mencionadas. Esta alianza permitió la aprobación de una serie de iniciativas legislativas que favorecieron a grupos económicos, afectaron la recaudación de impuestos, dañaron la lucha contra el crimen organizado, la corrupción gubernamental y la minería ilegal, además de permitir la impunidad de los violadores de los derechos humanos durante la guerra interna (1980-2000).

Pero en lo que también destaca el fujimorismo en el periodo de gobierno que se inició con Dina Boluarte, continuó con José Jerí y concluirá con José María Balcázar es en el copamiento de instituciones como la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, con el expreso propósito de desactivar todas las acciones legales contra Keiko Fujimori y sus allegados o sus aliados que enfrentan problemas con la justicia.

El copamiento de las instituciones lo aprendió Keiko Fujimori del gobierno de su padre, justamente.

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Régimen a la medida

Lo dijo el exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, en una reunión secreta en el Servicio de Inteligencia Nacional con la bancada fujimorista: "Miren, nosotros estamos en el año 98, estamos ahora en abril del 98. No podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Teníamos en contra como un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al Tribunal Constitucional, que estaba en contra (...) hemos pasado a tener una situación positiva. (...) Si gana el presidente Fujimori el año 2000, ¿qué pasaría si no tenemos mayoría en el Congreso? ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público? ¿Y si tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura en contra? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo?", señaló Montesinos en ese momento.

"¡Nos matan!", gritó la excongresista fujimorista Luz Salgado.

Por lo que un probable mandato presidencial de Keiko Fujimori se caracterizaría por el copamiento de las instituciones. De otro modo, no funcionaría.

Así lo demostró el fujimorismo cuando promovió y aprobó las llamadas "leyes procrimen".

Durante la campaña presidencial, Keiko Fujimori fue criticada por estas normas que flexibilizan las acciones de los operadores de justicia contra la criminalidad. Podría haber coordinado con el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, para desactivar las "leyes procrimen", pero no lo hizo.

"Hemos propuesto crear una comisión de alto nivel, fuera de la política, con expertos y con participación del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría (del Pueblo). Esa comisión analizará qué debe mejorarse, acotarse o cambiarse, y se harán los ajustes que correspondan", dijo la candidata.

A Keiko Fujimori no le interesa derogar las "leyes procrimen" porque la benefician directamente. Cuando el Congreso aprobó limitar la colaboración eficaz, los allanamientos y las interceptaciones telefónicas, redujo considerablemente la acción contra la corrupción gubernamental y política. El partido Fuerza Popular está involucrado en casos de organización criminal y lavado de activos, por lo que difícilmente un gobierno de Keiko Fujimori cambiará dichas normas.

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Promoviendo la impunidad

La elección de magistrados del Tribunal Constitucional con el voto en bloque y decisivo del fujimorismo también fue una calculada maniobra. El TC reactivó el indulto ilegal que otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a favor del exdictador Alberto Fujimori. También se debe contar el archivamiento del "Caso Cócteles" contra Keiko Fujimori y sus principales colaboradores.

Debe recordarse que durante la investigación fiscal del caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", las escuchas telefónicas a los implicados revelaron que Keiko Fujimori buscó que el exvocal supremo César Hinostroza archivara el "Caso Cócteles", lo que se frustró al descubrirse la conspiración. El vocal supremo Tomás Gálvez Villegas estaba entre los involucrados, según las grabaciones. Pero cuando la bancada Fuerza Popular alentó la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y así franqueó el regreso de Gálvez, este terminó archivando el expediente de "Los Cuellos Blancos del Puerto".

Por eso, el fujimorismo necesita el copamiento de las instituciones, una práctica que se desarrolló en el régimen de su padre, Alberto Fujimori; se siguió aplicando en los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar; y continuaría en un eventual mandato de Keiko Fujimori.

Otro rasgo característico del fujimorismo es contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Fuerza Popular ha alentado varias iniciativas para ganarse a los uniformados, entre las que destaca la llamada "ley de impunidad", que planteó el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y promulgó la expresidenta Dina Boluarte, quien enfrenta acusaciones por las matanzas de manifestantes entre 2022 y 2023. Es una burda copia de la llamada "ley de amnistía" que la bancada fujimorista aprobó en 1996. El objetivo fue excarcelar a los asesinos del Destacamento Colina, agentes del Ejército que cometieron los crímenes de Barrios Altos (1991), La Cantuta (1992) y El Santa (1992), entre otros.

La "Ley Rospigliosi" concede la amnistía a militares y policías acusados de graves violaciones de los derechos humanos entre 1980 y la excarcelación de los mayores de 70 años. Cuando los jueces se negaron a aplicar la norma, Rospigliosi promovió acciones contra ellos. Así sería en un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

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• Intereses. El fujimorismo promovió una ley que abiertamente beneficiaba a las AFP y afectaba a los pensionistas.
• Objetivo. De la misma manera, el fujimorismo aprobó otras normas directamente en beneficio de grupos económicos, según el Consejo Fiscal.