TGP despidió a trabajadores que formaron el sindicato de la empresa

El 28 de diciembre de 2023, Vladimir Carhuaz Castro todavía era trabajador de Transportadora de Gas del Perú (TGP). Llevaba 15 años en la compañía, recorriendo zonas de influencia de los ductos de Camisea, en contacto con las comunidades de la zona, explicando actividades de operación, mantenimiento, seguridad y prevención.

Ese día, TGP le comunicó a Carhuaz que había sido despedido por la causal de “retiro de confianza”. En sus 15 años de labores, la empresa nunca le había informado que era un “trabajador de confianza”. La desvinculación ocurrió pocos días después de que Vladimir Carhuaz fue elegido secretario de Economía del Sindicato Unitario de Trabajadores de Transportadora de Gas del Perú (SUTRATGP), el primer gremio formado dentro de la compañía.

No fue el único. El supervisor de Laboratorio de Suelos, Julio Rengifo de Dios, también fue cesado con el mismo argumento. Su trabajo estaba vinculado a la supervisión de muestras, ensayos de laboratorio e informes técnicos. Rengifo llevaba más de 16 años en operaciones vinculadas a TGP y era secretario de Organización del sindicato.

Evidentemente, TGP, mediante el despido selectivo, apuntaba a desaparecer el sindicato y amedrentar a quienes intentaran organizarse, ejerciendo sus libertades para hacerlo.

Catorce fueron cesados el 28 de diciembre de 2023, entre ellos los cinco miembros de la junta directiva del sindicato. Si bien 4 firmaron convenios de mutuo disenso, 10 continuaron reclamando su reposición, entre ellos Carhuaz y Rengifo,

“Esa condición de personal de confianza nunca me la comunicaron, a pesar de tener 15 años trabajando. Recién lo hicieron cuando me despidieron”, explicó Vladimir Carhuaz.

A Julio Rengifo le sucedió lo mismo. “La categoría ‘personal de confianza’ tenía que estar en las boletas de pago, pero nunca fue así”, afirmó.

Para Rengifo, la justificación de TGP no coincide con la secuencia de los hechos: “El despido incluyó a 14 personas afiliadas al sindicato y, entre ellas, a toda la junta directiva del SUTRATGP. Este hecho, a todas luces, no es una simple coincidencia”, apuntó.

Sin duda, fue una represalia.

EL PUNTO DE QUIEBRE

El SUTRATGP fue constituido el 2 de noviembre de 2023. En la primera asamblea de esa fecha se sumaron los trabajadores que eligieron a la junta directiva. El Ministerio de Trabajo reconoció al sindicato mediante el expediente N.° 49883-2023-MTPE/1/20.2, emitido el 18 de diciembre de 2023. Todo conforme a las normas.

La directiva quedó integrada por Vladimir Salhuana Quichiz como secretario general; Tom Bernabé Castro como subsecretario general; Alejandro Huayanca Palomino como secretario de Defensa; Vladimir Carhuaz Castro como secretario de Economía; y Julio Rengifo de Dios como secretario de Organización.

Según la versión sindical, el 22 de diciembre de 2023 se comunicó formalmente a TGP la conformación y reconocimiento del gremio mediante la mesa de partes virtual de la empresa. Esa comunicación incluía la constancia de inscripción, la nómina de la junta directiva y la relación de trabajadores afiliados.

Sin embargo, TGP cuestiona este aspecto.

En documentos presentados en procesos judiciales, la empresa sostuvo que una revisión interna no encontró evidencia de comunicaciones electrónicas del sindicato en sus buzones o formulario virtual, entre el 18 y el 28 de diciembre de 2023. Señaló que solo había recibido una comunicación del correo del sindicato el 28 de diciembre por la tarde.

Ese punto es central: TGP afirma que no conocía la formación del sindicato antes de los ceses. Los trabajadores sostienen que la empresa sí fue informada y que los despidos se cumplieron cuando el gremio ya había sido reconocido por el Ministerio de Trabajo. Pero hay un asunto en particular: en cualquier caso, los trabajadores fueron desvinculados por la causal de “pérdida de confianza”. TGP nunca les informó que lo eran.

EN EL ESCENARIO MUNDIAL

El conflicto también escaló al plano internacional. La federación IndustriALL Global Union intervino en el caso en febrero de 2024. La federación es un conglomerado de 550 sindicatos de sectores de minería, energía y manufactura, que representan a 50 millones de trabajadores en más de 130 países.

En una carta enviada a TGP el primero de febrero de 2024, IndustriALL pidió la reincorporación de diez trabajadores despedidos. La organización sostuvo que SUTRATGP nació el 2 de noviembre de 2023, fue reconocido por el Ministerio de Trabajo el 18 de diciembre, lo que fue comunicado a la empresa el 22 de diciembre. Añadió que el 28 de diciembre TGP despidió a 14 dirigentes y afiliados, entre ellos toda la junta directiva.

TGP respondió negando que los ceses tuvieron una finalidad antisindical.

Luego, el 7 de marzo de 2024, IndustriALL rebatió esa versión y sostuvo que la afirmación de desconocimiento no era creíble porque, según el sindicato, la notificación fue presentada el 22 de diciembre y reiterada el 28 de diciembre por correo al gerente general, Tomás Delgado; la gerente senior de Gestión de Personas, Verónica Peralta; y el gerente de Operaciones, Andrés Mendizábal.

IndustriALL también cuestionó la calificación de los cesados como trabajadores de confianza. Señaló que no trabajaban en contacto personal con la dirección, no tenían acceso a información confidencial ni participaban en las decisiones empresariales. Además, nunca se les informó por escrito de esa condición, ni existía una evaluación que justificara el retiro de confianza.

LOS ARGUMENTOS DE TGP

La compañía niega haber ejecutado una práctica antisindical.

En una carta enviada el 7 de febrero de 2024 a IndustriALL Global Union, la empresa sostuvo que los ceses de personal ocurridos en diciembre de 2023 se dieron “en el marco de un proceso de mejora de operaciones” y que “en ningún modo” tuvieron el objetivo de eliminar un sindicato. También afirmó que no tenía conocimiento de la formación de SUTRATGP sino hasta después de los ceses.

La compañía añadió que la medida involucra a 20 trabajadores, varios de los cuales —según su versión— no tenían relación con SUTRATGP. Además, sostuvo que los cesados cumplían los requisitos para ser considerados personal de confianza y que, por ello, los ceses son válidos.

Los trabajadores rechazan esa explicación. Sostienen que no existían reportes de bajo rendimiento ni faltas graves. También afirman que TGP no ha presentado un plan previo de despidos en el que se identifique a los sindicalizados cesados antes de que la empresa tomara conocimiento de la existencia del gremio.

“TGP solo presenta un correo con un argumento literal, pero no adjunta ningún archivo que sustente que estos son los trabajadores que se van a despedir”, señaló Rengifo.

LO QUE ENCONTRÓ SUNAFIL

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) intervino en el caso desde diferentes regiones. En Ayacucho, la autoridad inspectiva emitió el Acta de Infracción N°067-2024-SUNAFIL/IRE-AYA, contra Transportadora de Gas del Perú. El documento concluyó que la empresa transgredió las garantías reconocidas a trabajadores de sindicatos en formación y vulneró la libertad sindical de dos ex trabajadores al cesarlos pese a conocer que estaban afiliados al sindicato. La infracción fue calificada como muy grave.

Por este hecho Sunafil propuso una multa de S/142.062.

También imputó una infracción grave por falta de colaboración inspectiva, debido a que TGP no puso a disposición de los servidores de Sunafil el registro de control de asistencia del personal contratado.

Por ese segundo hecho, se propuso una multa de S/8.085.

En total, el acta de Ayacucho fijó una posible sanción de S/150.148,25.

MANIOBRA COMPROBADA

El acta es clave porque fija una línea temporal distinta a la versión de la empresa. Sunafil señaló que el sindicato presentó su solicitud de registro ante la autoridad administrativa de trabajo el 14 de noviembre de 2023, por lo que sus miembros estaban protegidos por el fuero sindical desde esa fecha hasta el 13 de febrero de 2024.

Además, consignó que el 28 de diciembre de 2023, a las 09:16 a. m., se comunicó a los tres funcionarios de TGP mencionados (Tomás Delgado, Verónica Peralta y Andrés Mendizábal) la constitución, registro sindical y conformación de SUTRATGP.

Para Sunafil, con ello se acreditó que TGP tomó conocimiento de la conformación del sindicato, la nómina de afiliados y de la junta directiva ese mismo día, antes de los despidos por “pérdida de confianza”.

En Cusco, Sunafil también abrió actuaciones inspectivas por denuncias vinculadas al mismo caso. El Acta de Infracción N°886-2024-SUNAFIL/IRE-CUS tuvo como materia la libertad sindical, la transgresión a las garantías de los trabajadores de sindicatos en formación, discriminación en el trabajo, contratos, reglamento interno y planillas.

Ese expediente dejó constancia de que, de 24 trabajadores afiliados fundadores de SUTRATGP, 14 fueron cesados: cuatro por mutuo disenso y diez por retiro de confianza. También registró que, de 20 personas cesadas entre el 28 y 29 de diciembre de 2023, 14 eran afiliadas al sindicato.

De acuerdo con la información de Sunafil, las sanciones vinculadas a estos procedimientos superarían los S/200 mil.

¿PERSONAL DE CONFIANZA?

Uno de los puntos centrales del litigio es si los trabajadores cesados podían ser considerados “personal de confianza”.

En el procedimiento inspectivo de Ayacucho, Sunafil registró que TGP no presentó el Reglamento Interno de Trabajo vigente en 2023, ni el Manual de Organización y Funciones u organigrama funcional solicitado. La compañía argumentó que “esos documentos no estaban vinculados a la verificación de la materia investigada”.

Además, según los reportes de Sunafil, TGP aceptó haber recibido el correo de comunicación de formación del sindicato. En esa misma diligencia, también la compañía aceptó que no existía ninguna carta que comunicara al trabajador su condición de “confianza”, y que esa categoría tampoco aparecía en las boletas de pago ni en otro documento.

Para los ex trabajadores, ese punto es decisivo. Vladimir Carhuaz sostuvo que su trabajo estaba vinculado a la gestión social en campo, en contacto con comunidades del área de influencia de los ductos. Julio Rengifo afirmó que su labor era técnica, asociada a muestras de suelo, ensayos e informes de laboratorio.

Nunca fueron tratados como “personal de confianza”.

ANTE LOS TRIBUNALES

Diez ex trabajadores denunciaron penalmente al gerente general de TGP, Tomás Delgado Farizo, por presunto atentado contra la libertad de trabajo y asociación. En consecuencia, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince abrió la carpeta fiscal N°506114501-2024-549-0.

Increíblemente, el 26 de febrero de 2025, pese a todas las evidencias, el fiscal Orlando Enciso Coppa resolvió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. Los ex trabajadores presentaron un recurso de queja y alegaron que no se realizaron diligencias que consideraban necesarias, entre ellas una pericia al sistema informático de TGP y el requerimiento del Manual de Organización y Funciones y del Reglamento de Organización y Funciones vigentes en 2023.

Pero los procesos laborales continúan.

De los diez trabajadores que no aceptaron acuerdos de mutuo disenso, cuatro ya retornaron a TGP mediante medidas cautelares. Otros continúan litigando: Julio Rengifo tiene audiencia de juzgamiento para el 29 de agosto; Vladimir Carhuaz y Tom Henry Bernabé están cotados para julio; César Higueras, para junio; y William Rojas, para el próximo 29 de mayo. Otro ex trabajador perdió en primera y segunda instancia, según información proporcionada por el sindicato.

Para los ex trabajadores, el proceso judicial no es una discusión abstracta. Llevan más de dos años fuera de TGP.

Vladimir Carhuaz relató que tuvo que usar el dinero de su liquidación para subsistir, pedir apoyo a miembros del sindicato y enfrentar dificultades para recolocarse por haber sido dirigente sindical y mantener un proceso judicial contra una empresa del sector.

Julio Rengifo manifestó que el despido afectó directamente su vida familiar. Perdió el seguro EPS para él y su familia, tuvo dificultades para cubrir medicación mensual, créditos hipotecarios, préstamos personales y pensiones educativas de sus hijos. Además, no ha logrado recolocarse laboralmente.

“Nosotros los afiliados simplemente hemos ejercido nuestro derecho constitucional de sindicalizarnos. No hemos violado ninguna normativa”, declaró Rengifo.

El conflicto ocurre en una empresa estratégica para el país. TGP opera el transporte de gas natural y líquidos de gas natural desde Camisea hacia la costa. Sus ductos son parte central del sistema energético peruano. TGP ha propuesto ampliar la concesión de transporte de gas natural hasta 2044.