Seis días después de la masacre a 5 civiles MP realiza inspección técnica y recojo de evidencias

Como parte de la investigación a ocho militares por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles asesinados la madrugada del 25 de abril en Colcabamba, Huancavelica, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín informó este miércoles que viene conduciendo jurídicamente la inspección técnica de la escena del crimen y el recojo de evidencias.

Las diligencias son realizadas por peritos de criminalística de la Policía Nacional de Huancayo, en la localidad de Campo Armiño, en el distrito de Colcabamba.

Los representantes del Ministerio Público indicaron que también se “ha efectuado las pericias balísticas forenses y el examen de adherencias en la camioneta siniestrada, que ha permanecido lacrada y en custodia policial desde el día de los sucesos”.

Durante dos días, asimismo, se recabaron los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia en garitas de control próximas a la zona de los hechos para establecer la cronología del caso.

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Precisaron, asimismo, que la demora en la llegada de los peritos a Colcabamba en las últimas horas se debió al plan de desplazamiento que realizó la PNP por tratarse de “una zona de altas incidencias en el Vraem”.

Previamente, uno de los sobrevivientes del operativo militar relató una versión que cuestiona las primeras diligencias del caso. Ricardo Jampier Acuña Quispe sostiene ahora que su declaración inicial, en la que admitió participar en el transporte de droga, no fue voluntaria y habría sido obtenida bajo presión.

Aseguró que su versión inicial fue resultado de amenazas directas durante la intervención. “En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas porque no encontraron nada en el carro, porque nosotros no hemos transportado ni droga ni nada, por eso mismo los militares me amenazaron diciendo que me iban a matar a bala. Ellos quieren salirse con la suya. A mí me han querido utilizar como sustento de que yo llevaba droga”, afirmó.

Asimismo, reiteró que su declaración no fue voluntaria y que actuó por temor a perder la vida. “Fui forzado porque me estaban amenazando los militares con armas en ese momento. Yo pensaba que me iban a matar. No hemos trasladado nada, ninguna droga ni armamento, es completamente falso lo que dicen”, subrayó.

El abogado de las familias de las víctimas, Anthony Crespo, solicitó medidas de protección para los sobrevivientes tras revelar testimonios que advierten un supuesto intento por liquidarlos.

Según indicó, uno de los heridos escuchó a supuestos militares expresar dicha intención, situación que no se concretó por la intervención de otra patrulla.

El letrado reiteró que en la camioneta atacada no se hallaron armas ni sustancias ilícitas entre las pertenencias de las víctimas y alertó sobre posibles riesgos contra testigos clave en el proceso.

VÍCTIMAS E INVESTIGADOS

Una de las víctimas mortales fue William Núñez Soto, de 19 años, natural de Castillapata en el distrito huancavelicano de Yauli.

“Pedimos justicia para mi hermano, a él lo mataron, él era inocente. Acabó su colegio el 2023 y hace poco se fue a trabajar, por eso fue a la selva, a Ica y a otras regiones”, señaló Urbano Núñez.

El joven regresaba de la selva ayacuchana a visitar a su padres que no veía desde noviembre del año pasado, pero en la ruta la camioneta que lo transportaba fue intervenida a tiros.

Otro de los fallecidos es Jaime Bendezú Paraguay, de 28 años. Durante el ataque militar ocurrido la madrugada del sábado en el sector Puente Mellizo del anexo de Pongor, en el distrito de Colcabamba, también dejaron de existir Wilder Romero Sivipaucar (37), Cristian Vilcatoma Águila (18) y el ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia.

Los militares implicados en el caso son el capitán EP Jorge Montenegro Pardo, el teniente EP Brayan Fernández Dett y los suboficiales EP Douglas Villacorta Saboya, Edilberto Marcos Guerra, Américo Vásquez Rojas, Jorge Aguilar García, Andy Sánchez Ríos y Fernando Córdova Mariana.

Ellos inicialmente fueron intervenidos y luego puestos en libertad pero investigados por homicidio calificado.

La investigación, como se sabe, fue derivada a la Primera Fiscalía Supranacional Transitoria Especializada en Derechos Humanos y contra el terrorismo debido que existen indicios de un posible uso excesivo de la fuerza por parte de los militares lo que podría configurar en un caso de presuntas violaciones de derechos humanos, según la Fiscalía Provincial Penal de Tayacaja que un primer momento llevó el caso.

En ese sentido, la fiscalía en DDHH aplica el Protocolo de Minnesota que se ejecuta para investigar ejecuciones extrajudiciales, torturas o muertes sospechosas bajo custodia.

Su objetivo es proteger el derecho a la vida, garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas, y asegurar la rendición de cuentas.