Elecciones 2026: Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, descarta existencia de un fraude electoral

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, se pronunció en una entrevista sobre las acusaciones de fraude que han surgido en torno al proceso electoral. Para Gutiérrez, no existen indicios ni pruebas fehacientes que respalden esta narrativa.

“Estamos en un contexto de plenas elecciones. Nada debe interrumpirlas. No hay condiciones técnicas ni legales para hablar de fraude”, señaló Gutiérrez en entrevista con RPP.

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El defensor del Pueblo consideró que existe una responsabilidad institucional por parte de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, agregó que, pese a ello, no atribuye responsabilidades directas al jefe de la institución, Piero Corvetto.

“Las responsabilidades individuales se determinarán. Hoy sabemos que existen responsabilidades institucionales. Todo el sistema está diseñado para que pueda ser fiscalizado. (…) Los hechos serán materia de una investigación seria y concreta. Todas las instituciones tienen su sistema de control listo para ser activado en momentos determinados”, apuntó.

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Rafael López Aliaga endurece su discurso y amenaza con convocar una marcha nacional si el JNE no anula los comicios

En horas de la noche, el aspirante presidencial Rafael López Aliaga encabezó una concentración en los alrededores del JNE. Desde ese punto, lanzó un ultimátum a las autoridades electorales, otorgándoles un plazo de 24 horas para anular los comicios, bajo la advertencia de impulsar una movilización masiva a nivel nacional.

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Sus cuestionamientos se dirigieron de forma directa al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien responsabilizó por presuntas irregularidades en la gestión del material electoral. En ese sentido, el candidato exigió su inmediata detención, argumentando la existencia de posibles implicancias penales.

Asimismo, calificó el proceso electoral como si se encontrara en una situación de “estado de emergencia”. En contraste, tanto los organismos electorales como los observadores han señalado que los inconvenientes registrados responden a retrasos atribuibles a la empresa encargada del traslado de actas. López Aliaga, por su parte, desestimó la labor de los observadores internacionales e incluso planteó que las misiones de la Unión Europea y la OEA abandonen el país.