José María Balcázar: 10 ministros son investigados por negociación incompatible, colusión, abuso de autoridad

El pasado 17 de marzo, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento del nuevo gabinete ministerial liderado por el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez. En ese sentido, La República revisó las declaraciones juradas que presentaron ese mismo día los integrantes de la PCM y detectó que, al menos 10 de ellos, cuentan con investigaciones fiscales en trámite, mientras que otros tuvieron denuncias en su pasado, aunque fueron archivadas. Asimismo, los titulares de las diferentes carteras también cuentan con procedimientos administrativos y sancionadores en su contra.

Uno de esos casos es el del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco. En su DJ consignó que tiene una investigación en trámite por el presunto delito de negociación incompatible. De igual manera, registró que, en el pasado, tuvo otras tres indagaciones por supuesta contaminación ambiental, actuación o actividad contaminante y actividad contaminante, pero fueron archivadas. Asimismo, se le abrieron tres procesos administrativos sancionadores o disciplinarios por supuesta omisión de información, pero fueron archivados.

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Otro caso es el del ministro de Justicia, Luis Jiménez Porras. Tiene tres investigaciones en trámite en su contra por presunta negociación incompatible y colusión agravada. En su pasado tuvo otras dos investigaciones por colusión y negociación incompatible y colusión agravada y otra, pero fueron archivadas.

También se le abrieron tres procedimientos administrativos sancionadores o disciplinarios, pero fueron archivados.

El siguiente en la lista es el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, al contar con dos investigaciones en trámite por los presuntos delitos de fraude procesal, omisión ilegal y abuso de autoridad; y por la supuesta omisión de denuncia y colusión. También reportó que en el pasado tuvo tres indagaciones por, supuestamente, aceptar nombramiento ilegal, omisión de actos funcionales y abuso de autoridad y usurpación. Estas últimas están archivadas.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña Namihas, registró que cuenta con una investigación en trámite por el presunto delito de lavado de activos bajo la modalidad de actos de conversión y transferencia. Por otra parte, colocó que, en el pasado, fue investigado por la presunta omisión de actos funcionales.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto Barrera, tiene una investigación en su contra por presunto abuso de autoridad y otros. Anteriormente, fue investigado por peculado, pero el caso fue archivado.

Otro caso es el del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate. Según colocó en su declaración jurada, tiene dos investigaciones por formas agravadas de usurpación y otra por negociación incompatible. No obstante, precisó que son denuncias ligadas a cargos que ocupó previamente y afirmó que serán archivadas "al tratarse de hechos anteriormente denunciados y archivados".

En tanto, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, cuenta con dos investigaciones por los presuntos delitos de peculado y corrupción de funcionarios. También reportó denuncias archivadas por supuesto maltrato psicológico, fraude a la administración de personas jurídicas y otro contra la fe pública.

La ministra de Ambiente, Nelly Paredes Castillo, tiene una denuncia en trámite por el presunto delito de omisión ilegal de acto de su cargo. En su pasado tuvo otras investigaciones por la supuesta omisión de funciones y actos, nombramiento ilegal en el cargo, genocidio, negociación incompatible, concusión (colusión ilegal), pero fueron archivadas.

Ministros de Defensa e Interior tienen investigaciones, pero no dan detalles

El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, declaró que sí cuenta con investigaciones en su contra; no obstante, no detalló las carpetas fiscales ni expedientes judiciales. Lo que sí consignó fue: "Posteriormente, se adjuntará la información".

El mismo caso ocurrió con el ministro del Interior, José Mercedes Zapata. A pesar de que colocó que tiene investigaciones, aseguró que "con un documento posterior detallaré el proceso judicial o investigaciones fiscales".

Ministros con investigaciones en su pasado

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán, declaró que no tiene investigaciones en trámite, pero sí tuvo tres en su pasado que fueron archivadas por presunto peligro común, agresiones contra mujeres y los integrantes del grupo familiar y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Otro caso es el del ministro de Producción, César Quispe Luján. No tiene investigaciones en trámite, pero en su pasado, según registró, tuvo 11 investigaciones por los presuntos delitos de negociación incompatible, apropiación ilícita, estafa contra la fe pública y falsificación de documentos; asociación ilícita, lavado de activos, omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. Todas esas carpetas fiscales fueron archivadas.

Sin embargo, cuenta con un procedimiento administrativo sancionador o disciplinario en trámite por presunta responsabilidad por supuestas infracciones del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad electoral. Otro caso en su contra fue archivado por la supuesta responsabilidad por no haber formulado y suscrito convenio con OSPA.

La ministra de Cultura, Fátima Altabás Kajatt, registró una denuncia en su contra por la presunta violación de domicilio. Sin embargo, la Fiscalía lo archivó. Altabás Kajatt se pronunció sobre ello: "Al haber solicitado el desalojo del inmueble de mi propiedad, quienes lo ocupaban presentaron una denuncia maliciosa en mi contra, la misma que la Fiscalía dispuso no ha lugar a formalizar la denuncia penal (25 de enero de 2018)".

El pasado del primer ministro, Luis Arroyo Sánchez

De acuerdo con su declaración jurada, el primer ministro afrontó cuatro investigaciones en su pasado; sin embargo, todas ellas fueron archivadas.

Luis Arroyo Sánchez afrontó dos indagaciones por el presunto delito de abuso de autoridad; cada una perteneció a las Fiscalías de Loreto y en Arequipa. La otra fue por el supuesto exceso en el ejercicio del cargo. La investigación se realizó en el Tribunal Militar Policial. La última fue por falsedad en Lima.