Corte Suprema rechaza amenazas de Rospigliosi contra magistrados: “Condicionar decisiones judiciales destruye la justicia”

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, máximo órgano de deliberación del Poder Judicial, emitió un pronunciamiento para marcar un límite frente a las declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien no solo cuestionó abiertamente a magistrados por no alinearse con leyes promovidas desde el Parlamento, sino que además llegó a plantear la necesidad de "barrer" el sistema judicial.

"La Corte Suprema de Justicia rechaza que se condicionen las decisiones judiciales o se imponga cualquier tipo de censura. Es, asimismo, inaceptable para el Poder Judicial que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean ocasión de amenazas de intervencionismo, la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo", señalan.

"Hacerlo implica destruir el sistema de justicia, cuyo vértice es el Poder Judicial, así como anular la tutela jurisdiccional efectiva a la que todas y todos los ciudadanos tienen derecho. Cuando se interfiere o controla la justicia, el único perjudicado es el pueblo, en especial quienes son más vulnerables", se lee en el comunicado.

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El pronunciamiento se produce luego de que Rospigliosi cuestionara públicamente a jueces que rechazaron aplicar la ley aprobada por el Congreso que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, en el marco del caso Cayara, así como tras su denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra una jueza que declaró inaplicables artículos de la denominada ley contra las ONG (Ley APCI).

Asimismo, el congresista fujimorista acusó de “prevaricadores” a los magistrados que no aplicaron la ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad y cuestionara que el Poder Judicial no acate normas aprobadas por el Congreso, pese a que los jueces fundamentaron su decisión en estándares constitucionales y de derecho internacional.

En ese contexto, la Sala Plena manifiesta su rechazo a cualquier intento de instrumentalizar el poder político para influir en la justicia y expresa su preocupación por el impacto que ello tiene en el orden democrático.

"El Poder Judicial rechaza aquellas vedadas prácticas, en especial cuando se pretende exigir o utilizar el poder político para realizar estas conductas contrarias al orden democrático", agregan.

Pese a esto, lejos de moderar su discurso tras la posición institucional de la Corte Suprema, Fernando Rospigliosi volvió a arremeter desde sus redes sociales y redobló sus ataques contra los magistrados.

"Se necesita barrer el sistema judicial, que persigue a militares y policías que derrotaron al terrorismo y luchan contra la delincuencia, y que a la vez protege a delincuentes. Solo ayer, una sala condenó a un coronel EP (r) por un hecho de 1994 y en otro juicio mantiene en prisión a militares acusados injustamente por un hecho de 1988. En ambos casos se niegan a aplicar la ley vigente 32107, pisoteando impunemente la decisión del Tribunal Constitucional. Con estos magistrados no podremos derrotar a la delincuencia. ¡Hay que barrer el sistema judicial! ¡Soluciones radicales!", escribió en X.

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Rospigliosi denuncia ante la JNJ a jueza por fallo que frenó ley del Congreso contra ONG

Cabe recordar que el titular del Parlamento presentó una denuncia ante la JNJ contra la magistrada que falló a favor del Instituto de Defensa Legal (IDL), y la acusó de desacatar una ley aprobada por el Congreso.

"Rocío del Pilar Ramírez, una juez prevaricadora que ha desacatado la ley del Congreso sobre APCI y las ONG (...) no quiere aplicar una ley que está promulgada por el Gobierno", dijo desde Pasos Perdidos.

La iniciativa del parlamentario se dio luego de un fallo del Sexto Juzgado Constitucional, que atendió una demanda de amparo interpuesta por el Instituto de Defensa Legal (IDL). En esa decisión, la magistrada dejó sin efecto, para este caso específico, algunos artículos de la denominada ley anti ONG, al concluir que estos contravenían derechos fundamentales como la libertad de asociación, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia.