José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

El presidente de la República, José Jerí, explicó que la ley 32490, que incorpora medidas extraordinarias para enfrentar la extorsión y el sicariato, estará vigente desde el domingo 18 de enero, luego de su publicación en el diario oficial El Peruano y tras la aprobación del reglamento por el Consejo de Ministros.

La norma responde a la creciente presión social por la inseguridad en el transporte público y de mercancías, un sector que ha reportado múltiples ataques y amenazas por parte de grupos criminales.

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El mandatario aseguró que la promulgación de la ley forma parte de una acción más amplia del Ejecutivo para fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado y mejorar la sensación de seguridad ciudadana.

El Gobierno enfatizó que la entrada en vigor de la ley implica no solo sanciones sino también instrumentos para desarticular las redes detrás de estas prácticas delictivas que afectan tanto a conductores como a comerciantes. Sin embargo, Jerí sigue sin pronunciarse sobre las calificadas leyes procrimen aprobadas por el Congreso. El jefe de Estado ha asegurado en varias ocasiones que dichas normas no existen y que se trata de un calificativo dado por la ciudadanía.

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¿Qué medidas introduce la ley contra extorsión y sicariato?

La ley 32490 incorpora la creación del Grupo Interinstitucional contra la extorsión y el sicariato (GIES), un equipo especializado conformado por policías, fiscales y jueces que trabajarán bajo un régimen de seguridad especial para agilizar la investigación y persecución de estos delitos.

Esta unidad busca profesionalizar y centralizar la acción del Estado contra las amenazas que enfrentan los transportistas, con pruebas periódicas de confiabilidad para sus integrantes y coordinación directa entre instituciones clave.

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Además, la ley contempla mecanismos de inteligencia financiera para rastrear pagos de extorsión realizados mediante plataformas digitales o cuentas bancarias, lo que facilitará identificar y bloquear flujos de dinero vinculados a estas actividades ilícitas.

Otro componente relevante es la figura de extinción de dominio exprés, que permitirá al Estado incautar bienes o cuentas vinculados a la recepción de dinero producto de extorsiones, con el objetivo de desarticular la base económica de las organizaciones criminales.