José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

El presidente de la República, José Jerí, explicó que la ley 32490, que incorpora medidas extraordinarias para enfrentar la extorsión y el sicariato, estará vigente desde el domingo 18 de enero, luego de su publicación en el diario oficial El Peruano y tras la aprobación del reglamento por el Consejo de Ministros.

La norma responde a la creciente presión social por la inseguridad en el transporte público y de mercancías, un sector que ha reportado múltiples ataques y amenazas por parte de grupos criminales.

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El mandatario aseguró que la promulgación de la ley forma parte de una acción más amplia del Ejecutivo para fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado y mejorar la sensación de seguridad ciudadana.

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El Gobierno enfatizó que la entrada en vigor de la ley implica no solo sanciones sino también instrumentos para desarticular las redes detrás de estas prácticas delictivas que afectan tanto a conductores como a comerciantes. Sin embargo, Jerí sigue sin pronunciarse sobre las calificadas leyes procrimen aprobadas por el Congreso. El jefe de Estado ha asegurado en varias ocasiones que dichas normas no existen y que se trata de un calificativo dado por la ciudadanía.

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¿Qué medidas introduce la ley contra extorsión y sicariato?

La ley 32490 incorpora la creación del Grupo Interinstitucional contra la extorsión y el sicariato (GIES), un equipo especializado conformado por policías, fiscales y jueces que trabajarán bajo un régimen de seguridad especial para agilizar la investigación y persecución de estos delitos.

Esta unidad busca profesionalizar y centralizar la acción del Estado contra las amenazas que enfrentan los transportistas, con pruebas periódicas de confiabilidad para sus integrantes y coordinación directa entre instituciones clave.

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Además, la ley contempla mecanismos de inteligencia financiera para rastrear pagos de extorsión realizados mediante plataformas digitales o cuentas bancarias, lo que facilitará identificar y bloquear flujos de dinero vinculados a estas actividades ilícitas.

Otro componente relevante es la figura de extinción de dominio exprés, que permitirá al Estado incautar bienes o cuentas vinculados a la recepción de dinero producto de extorsiones, con el objetivo de desarticular la base económica de las organizaciones criminales.