Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Luego de tres años de investigaciones de las muertes durante las protestas sociales contra el Congreso y la expresidenta Dina Boluarte, trasladar las carpetas a fiscalías según el lugar donde ocurrieron los hechos, pone en riesgo el avance de las indagaciones y con ello el acceso de los familiares a la justicia, alertó, Gloria Cano, abogada de Aprodeh, que representa deudos de Ayacucho y Andahuaylas.

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Explicó que las indagaciones están avanzadas y lo que se requería era realizar indagaciones complementarias importantes a fin de consolidar las evidencias recopiladas durante todo este tiempo. Sin embargo, ello se detendrá con la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y el envío de los expedientes a otras fiscalías que no conocen los casos.

“No solo han disuelto al equipo, sino que han enviado a otras dependencias a los fiscales que han estado trabajado en las investigaciones durante estos años, y que ya tenían una teoría del caso. Ahora todo se tendrá que suspender”, indicó Cano.

Por ejemplo, se ha tenido que postergar la diligencia prevista para esta semana en la que se tomaría la declaración del perito que analizó siete videos en la zona donde fue impactado el joven José Luis Aguilar Yucra, el 15 de diciembre del 2022, determinando con precisión la hora del disparo y estableciendo que fue realizado por uno de cinco militares a menos de una cuadra de donde estaba, información que reveló La República.

La medida se tomó porque la fiscal Mirela Coronel, que estaba a cargo de las muertes en Ayacucho, ha sido trasladada a la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo Callao, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Noroeste y Lima Sur, mientras el caso ha sido enviado a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de Ayacucho.

Distribución por lugar de ocurrencia

Cano cuestionó que se haya distribuido los casos del Efocavip tomando solo en cuenta el ámbito territorial y se haya apartado a los fiscales de estos casos, que son complejos y que ha tomado tiempo y se ha empleado recursos para avanzar en las investigaciones de forma eficaz.

“En el caso de Ayacucho han preferido mandarlo a un fiscal que no ha visto nunca el caso, en lugar que a la fiscal Karen Obregón que lo tuvo en un inicio. Lo mismo ha pasado con las investigaciones de Juliaca, Andahuaylas, Cusco. Eso parece un boicot a los casos, algunos de los cuáles estaban por terminar y otros que ya contaban con control de acusación”, refirió.

Por ejemplo, la investigación de las muertes el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho está por cumplir su plazo, y la fiscal pidió una ampliación para realizar algunas diligencias de ampliación importantes para sustentar sus conclusiones. Estaba en manos del juez concederla. “Un fiscal que no ha visto nunca el caso, ¿cómo podrá sustentar de forma eficaz ese pedido?”, inquirió Cano.

En el caso Chincheros (Apurímac), donde la represión de las protestas dejó un menor fallecido el 12 de diciembre del 2022, ya hay un requerimiento de acusación ante el juez, Y en el caso de Andahuaylas, donde se produjeron hubo 6 muertos al día siguiente, el plazo de investigación vence en febrero, pero hay diligencias pendientes ante el juez por algunos requerimientos fiscales. Ambos fueron derivados a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Derechos Humanos y contra el terrorismo del Distrito Fiscal de Apurímac ¿Cómo sustentará el control acusación o llevará a cabo las últimas diligencias un fiscal que no conoce de las indagaciones?

La abogada de Aprodeh comentó que, incluso, los casos de Huancabamba y de Cusco ya están en control de acusación y con audiencias judiciales ya programadas. “¿Cómo va a defender la acusación un fiscal que recién asume el caso?”, alertó la abogada, quien advirtió que estos cambios buscarían que se caigan las acusaciones contra los responsables afectando el derecho de los familiares a la justicia.

“La resolución de la fiscalía para desactivar el equipo especial señala un informe del fiscal coordinador. Lo hemos pedido por transparencia. También pedimos reunirnos urgente con él para que nos aclare cuál es la visión que tienen para los cambios, y en qué condiciones están trasladando los casos. Si les van a trasladar recursos y si los fiscales tendrán exclusividad para su trabajo o se sumará al que ya tienen”, acotó.

No se conversó con los deudos

Asimismo, Cano lamentó que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, no haya conversado con los familiares de las víctimas antes de tomar esta medida. Recordó que incluso cuando Patricia Benavides ocupó el cargo y decidió crear los equipos especiales en Lima, conversó con los deudos.

“Benavides les garantizó la eficacia del equipo, lo que se vio en el tiempo, y por eso pidieron a los fiscales de la Nación que le sucedieron que continuara con el equipo continúe y que les den autonomía y recursos”, comentó.

La abogada remarcó que las investigaciones sobre las muertes en las protestas sociales son complejas y necesitan recursos, preguntando si les están trasladando también el dinero que se requiere para las indagaciones.