Por corrupción dictan 18 meses de prisión preventiva para seis policías

El jueves 11 de diciembre, personal del segundo despacho de la Primera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Lima y efectivos de la Dirección Contra la Corrupción, detuvieron a seis agentes de la Policía y a una civil como presuntos responsables de pedir una coima de 30 mil soles a personas intervenidas en flagrancia por delitos de estafa cibernética, en el distrito de San Miguel.

Los denunciantes que se presentaron espontáneamente ante la Dirección de Inspectoría dijeron que venían siendo víctimas de una maniobra por parte de agentes Dirección de Investigación Criminal. 

El miércoles último el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para estos seis policías del Departamento de Investigación de Delitos contra Asaltos y Robos, perteneciente a la Dirincri, y una civil, investigados por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

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Los investigados son el teniente PNP Luis Fernando Juárez Velásquez y los suboficiales PNP Ricardo Hernani, Larry Tarazona, Brandon Marchenna, Luis López y Cristhian Huayanay. También la coimputada María Gabriel.

Todos fueron detenidos preliminarmente durante una diligencia conducida el 11 de diciembre por el fiscal adjunto provincial Agustín Chuquipul Vidal.

Según la indagación fiscal, los investigados habrían solicitado una coima de S/ 30.000 a cambio de no detener a personas intervenidas en flagrancia por delitos de estafa cibernética.

El empresario José Mucha había denunciado que la misma división policial le habría robado 500 mil soles de su casa en Huaral.

Solo en lo que va del 2025, la Inspectoría General ha impuesto 4.188 sanciones disciplinarias, de las cuales 1.456 resultaron en pases al retiro. De ese último grupo, 570 efectivos fueron separados específicamente por incurrir en actos de corrupción.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, calificó los datos como preocupantes, subrayando que la institución llamada a combatir la inseguridad y velar por la ciudadanía debe ser ejemplar en su conducta. Para enfrentar este flagelo, el ministro detalló dos herramientas clave.

Primero, un nuevo Régimen Disciplinario reformado en noviembre pasado, que agiliza procesos y endurece castigos por corrupción, favorecimiento indebido o filtración de información, considerándolas faltas gravísimas.

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Segundo, la creación de la Oficina de Integridad Institucional, un órgano especializado para prevenir la corrupción, promover la transparencia y proteger a denunciantes.

"Con estas medidas, estamos construyendo una Policía más profesional y confiable. No toleramos la corrupción, no protegemos a nadie", sentenció Tiburcio, enfatizando que limpiar la institución es la base para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la seguridad. 

El general Jhonny Veliz, aún inspector general de la PNP dijo que la Inspectoría hace el trabajo que le corresponde, que es iniciar los procesos administrativos disciplinarios. Estos procesos, por lo general, inmediatamente inician una medida preventiva y la más recurrente es la suspensión del servicio, que significa que el policía es separado de su unidad y pasa a depender de la Dirección de Recursos Humanos", explicó el inspector general de PNP.