Delia Espinoza le responde al Congreso tras ser inhabilitada: anuncia que presentará acción de amparo

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentará una acción de amparo contra la cuestionada inhabilitación de 10 años que impuso el Congreso de la República en su contra. De esta manera, Espinoza Valenzuela intentará revertir la decisión del Parlamento con la finalidad de volver a ocupar el cargo de fiscal de la Nación.

De igual manera, la fiscal suprema anunció que presentará denuncias contra los congresistas por presuntamente haber cometido infracciones a la Constitución Política. Según la exrepresentante del Ministerio Público, los parlamentarios faltaron al debido proceso y no hubo garantías del derecho a la defensa. Espinoza recordó que anteriormente, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), los legisladores le apagaron la transmisión de la sesión que debía ser pública a su entonces defensor Samuel Abad.

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"Porque esto amerita una acción de amparo. Tarde o temprano, yo insisto, a pesar de los atropellos de los que estoy sufriendo (volveré)", expresó.

En esa misma línea, la fiscal mencionó que en el Parlamento "no valoraron las pruebas materiales, los documentos con los que estaba acreditando que no he participado en el reglamento".

Precisamente, el Parlamento decidió inhabilitar a Espinoza por supuestamente haber sido parte, en octubre del 2024, de la publicación del reglamento que "desacataba" la Ley 32130, norma que facultaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) liderar las investigaciones preliminares de delitos.

Sin embargo, en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.°2246-2024-MP-FN no se aprecia la firma que constate que Espinoza formó parte de dicha publicación. De acuerdo con la fiscal suprema, esa decisión correspondía únicamente al entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

A pesar de que la denuncia constitucional del Parlamento incluía a Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, solo se inhabilitó a Espinoza porque contra los otros fiscales no se alcanzaron los votos.

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"Esa atribución de elaborar y de aprobar un reglamento no es de la Junta de Fiscales Supremos. Y eso se ha demostrado con documento, que no ha habido ninguna reunión para aprobar, para discutir o para determinar los alcances de ese reglamento. Esa es tarea exclusiva del fiscal de la nación. Lo que yo he refrendado finalmente y que el público que lo ha visto lo sabe, es que en realidad los señores lo que han querido y han dado el mensaje clarísimo a todos los funcionarios del Perú: o te sometes o te vas", explicó Espinoza.

El camino de la acción de amparo contra la inhabilitación del Congreso

Rodolfo Pérez, abogado de Delia Espinoza, alertó que en octubre del 2024 el Congreso modificó el Código Procesal Constitucional (CPC) a través de la Ley 32153, en la que se "fortalecen los procesos constitucionales".

De acuerdo con dicha norma, todas las acciones de amparo contra el Parlamento deberán presentarse ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema y deberá resolverse en su totalidad en caso sea contraria ante el Legislativo.

Es decir, si en primera instancia, la Sala falla en contra del Congreso y le da la razón a Espinoza, esta institución podrá apelar en segunda instancia y hasta que no se resuelva la apelación en la Sala Constitucional y Social, la fiscal no podría volver al Ministerio Público. En esa ruta, la acción de amparo tardaría meses en ser resuelta.

"Obviamente, eso lo hacen para que haya más tiempo para que su decisión no sea públicamente cuestionada y puesta en evidencia", explicó.

En esa misma línea, el letrado aseguró que, en caso no le den la razón en dicha instancia, recurrirán a los entes institucionales. Sin embargo, descartó de plano dicha acción porque "según el derecho interno y los precedentes", la Sala debe fallar a su favor.

"Es importante que esto se diga porque el nivel de deterioro institucional que tenemos cuando tenemos un Congreso que, sobre sus propios procedimientos al verse puesto en evidencia los va cambiando para favorecerse y no quedar expuestos, es propio de regímenes dictatoriales y autoritarios", resaltó Pérez.

Por otro lado, el defensor legal cuestionó la decisión del Congreso de inhabilitar a su patrocinada y calificó dicho acto como "antijurídico, ausente de toda lógica jurídica". Además, mencionó que Espinoza fue "inhabilitada sin ningún sustento legal".

"El congresista Montoya no ha podido justificar ante los medios el motivo de por qué se le ha inhabilitado. Incluso, el congresista Salhuana dijo que la han denunciado por denunciar a congresistas. No puede ser inhabilitada por hacer su trabajo. No hay congresistas a los que le hayan levantado el fuero. La persecución política que aluden los congresistas es falsa”, dijo.