Envían a la cárcel a 4 suboficiales y un oficial PNP por cobro de cupos a mineros ilegales

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Campoverde (región Ucayali) dictó nueve meses de prisión preventiva contra cuatro suboficiales PNP y un oficial de la comisaría de Curimaná, imputados por el presunto delito de cohecho pasivo, tras ser detenidos y acusados de cobrar cupos a operadores de dragas dedicados a la minería ilegal en el río Aguaytía.

​De acuerdo con el Ministerio Público, los agentes policiales conformaban una red de extorsión.

​El comisario de Curimaná, teniente PNP, Jair Edgardo Barreto Sotocani, quien se encontraba no habido, se presentó a la audiencia judicial y quedó detenido. Estos presuntos malos miembros de la Policía serán enviados al penal de Pucallpa.

La audiencia de medidas cautelares, que empezó la noche del sábado y concluyó la noche del lunes, determinó la reclusión para los implicados, quienes fueron imputados por el Ministerio Público.

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Los efectivos serán trasladados al centro penitenciario, con resguardo policial.

El juzgado de Campoverde declaró fundado el pedido de prisión preventiva después de que la Fiscalía revelara graves indicios: como los billetes marcados que coincidían con el dinero entregado por un denunciante; supuestos patrullajes fluviales empleados para el cobro de cupos; así como las amenazas para obtener pagos de S/ 300 a S/ 3.000; además de las actividades no registradas en el parte policial.

Los detenidos son los suboficiales PNP Jhon Jairo Quintero Vásquez, Bryan Christopher Neyra Calderón, Ángel Damasco Marina Pita y Kilmer Wicler Díaz Sánchez, además del comisario Jair Edgardo Barreto Sotocani.

Ellos habrían usado su uniforme para extorsionar en lugar de combatir la minería ilegal.

La intervención como informó La República se realizó en flagrancia en el Puerto Melina. Los billetes incautados tenían la misma numeración registrada por Fiscalía. Para sorpresa también se les encontró un fajo adicional de S/ 4.500.

La noche del sábado, en medio de la audiencia apareció el jefe de la comisaría de Curimaná, Barreto Sotocani. Lo hizo después de haber pasado la flagrancia delictiva de 48 horas. En su defensa, dijo que estuvo mal de salud por lo que se retiró de la dependencia policial, justo el día que se produjo la detención de los cuatro policías a su mando.

ARMAMENTO DESAPARECIDO

La situación de los efectivos policiales de la comisaría de Curimaná se complicó, al revelarse la ‘desaparición’ de dos fusiles AKM con números de serie 796442 y 646153.

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Esta ‘pérdida’ se descubrió el viernes pasado, 48 horas después de la detención de los efectivos.

Después de que el teniente Barreto fue declarado no habido, el mando de la comisaría de Curimaná recayó temporalmente en el suboficial técnico de segunda Fredy Manuel Elescano Montes.

El encargado de la armería, habría sido el suboficial de primera PNP Jhon Jairo Quintero Vásquez, detenido por el caso de cobros a mineros ilegales.

Fuentes de inteligencia tendrían la tesis que uno de los fusiles desaparecidos podría haber sido usado en el secuestro del empresario cacaotero Carlos Alejo Aponte Caysahuana (31), ocurrido el 19 de noviembre en Puerto Zúngaro.

Aponte fue hallado sin vida. Según las investigaciones, cuatro delincuentes armados ingresaron a su negocio haciéndose pasar por agentes policiales, usando ropa camuflada y pasamontañas para ejecutar el secuestro.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los sujetos se desplazaron con total seguridad por el local antes de llevárselo por la fuerza.

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El suboficial Elescano, quien ocupó temporalmente la jefatura de la Comisaría, fue trasladado de la División de Investigación Criminal a la Dirección Contra la Corrupción de Ucayali por orden fiscal.

La comisaría policial de Curimaná, no solo perdió el control de sus armas y de sus mandos sino, sobre todo, de su credibilidad. Y es que, agentes que debían proteger a la ciudadanía terminaron convertidos en presuntos operadores de corrupción, en una de las zonas más golpeadas por la minería ilegal.

REFORMA POLICIAL

En octubre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que su gestión impulsaría una reforma integral en la Policía Nacional del Perú con el objetivo de remover a los malos elementos involucrados en actos de corrupción o con nexos con el crimen organizado.

Informó que el Poder Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso de la República para hacer posible esta reestructuración, cuyo eje central será la modificación del régimen disciplinario policial, a fin de reforzar los mecanismos de control interno y sanción.

“Tenemos que actuar inmediatamente: policía que está al margen de la ley es expulsado de manera inmediata de la Policía Nacional”, manifestó y exhortó a los parlamentarios a respaldar con prioridad esta propuesta que busca restablecer la integridad y la confianza en la institución policial.