Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

En uno de los últimos actos de su gestión, el 16 de septiembre de este año la expresidenta Dina Boluarte inauguró un canal en la quebrada Huaycoloro, en el distrito de Lurigancho (Chosica), destinado a proteger a 30 mil pobladores ante los frecuentes desbordes e inundaciones que se registran virtualmente cada año. Según el contrato, cifrado al principio en S/320 millones, la obra debió culminar el 27 de octubre de 2024.

No solamente se incumplió con la fecha de entrega (tardó 12 meses más) sino que el proyecto terminó costando S/740 millones. Esto es, 131% más que el monto original. Es un adicional de S/419 millones, lo que significa mucho más del doble del presupuesto adjudicado.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) concedió la ejecución de la millonaria infraestructura a la Embajada Británica mediante la modalidad de gobierno a gobierno. A su vez, Gran Bretaña adjudicó el proyecto a la compañía China International Water & Electric Corp., sucursal del Perú.

El sobrecosto contó con la aprobación del pasado gobierno de Boluarte

El contratista chino recibió la obra “Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro” de manos de la ANIN, el 16 de mayo de 2022, y le dio 895 días de plazo para la conclusión de la misma. El monto se acordó en S/320,128,339. Pero esta cifra creció descomunalmente, además de reportarse cambios en la finalización de la infraestructura, pese a que el contrato señala que se trata de un proyecto de emergencia

Subiendo costos con inflador

En una primera auditoría que aplicó la Contraloría, llamó la atención precisamente sobre el incremento del proyecto. Según el informe del 11 de diciembre de 2024, se detectó que hubo una “actualización”: de S/320,128,339 la obra pasó a S/586,414,410 (un adicional de S/266,286,071 en relación al monto original). Esto es, aumentó en 83.17% en esa fecha.

En una segunda auditoría, del 24 de marzo de este año, nuevamente la Contraloría cuestionó el incumplimiento del contrato, “afectando la oportuna puesta en servicio de las defensas ribereñas en la quebrada Huaycoloro, en perjuicio de la población beneficiaria ante la próxima temporada de lluvias”.

Por si fuera poco, el presupuesto siguió creciendo y la obra no era entregada para proteger a los ciudadanos.

Sin embargo, la Contraloría atribuyó el problema a la ANIN, porque, durante el gobierno de Dina Boluarte, “no gestionó eficazmente el retiro de cruces vehiculares informales, impidiendo acceso al contratista, generando incertidumbre sobre la culminación del proyecto y su capacidad hidráulica climática”.

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Hasta las nubes

En este nuevo informe de control, otra vez se reportó un incremento del costo de la obra: de S/320,128,339 fijado en el contrato experimentó un aumento de S/652,889,006. Es un incremento de 103.94% (S/332,760,667 más en relación al costo inicial). Continuaba elevándose la cifra original y la obra no estaba concluida.

A una consulta de La República, ANIN informó que el canal de Huaycoloro ya terminó y a un costo de S/740 millones. Esto representa un nuevo incremento. Pasó de S/320,128,339 a S/740,000,000. Lo que implica un adicional de S/419,871,661. Es decir, más de 131%.

Significa que con dicha suma final se podrían haber construido dos canales en Huaycoloro.

“El proyecto se encuentra con las obras físicas concluidas al 100%. Actualmente, se encuentra en proceso de cierre comercial y levantamiento de observaciones”, explicó ANIN a este diario.

“La obra se encuentra en proceso de transferencia a la Municipalidad de Lurigancho, con la que ha firmado el acta de intención de transferencia de activos con la ANIN. También se está gestionando el convenio de mantenimiento de las obras físicas”, añadió.

Este periódico también preguntó a la Contraloría si sabían del aumento del costo de la obra y respondieron que lo desconocían.

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Un conocido patrón

Fuentes del municipio señalaron que la ANIN no les ha dado fecha de entrega de la obra terminada. Esperan que suceda antes de la llegada de los huaicos. 

Por la tardanza en la culminación de la obra, los pobladores afectados por los huaicos y las inundaciones, salieron en varias ocasiones para protestar por el incumplimiento de la fecha de entrega. Parecía que el gobierno de Boluarte no tenía apuro.

Preocupantes señales

Respecto al notable sobrecosto de la obra, el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado Paredes, consideró que es altamente probable la existencia de irregularidades punibles.

“Es no sólo extraño, sino que ese elemento es parte de lo que suele verse en los patrones criminales de corrupción política. Eso pasa en todas partes del mundo. Cuando ese elemento está presente, es porque hay un problema en la integridad del proyecto”, señalo Maldonado.

“De tal manera que yo diría que es un elemento objetivo, no subjetivo, objetivo y concreto, que revelaría un patrón de corrupción en una obra pública”, explicó.

“Debido a su naturaleza -un acuerdo de gobierno a gobierno-, el proyecto no tendría alguna excusa para evitar las reglas de transparencia, publicidad y rendición de cuentas”, añadió Maldonado.

La República solicitó a la empresa China International Water & Electric Corp., sucursal del Perú, que ofrezca una versión sobre las demoras e incremento de costos de la obra de Huaycoloro. Respondieron que no harían declaraciones.

El experto en proyectos de infraestructura y arbitrajes, y ex funcionario del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Edgar Zúñiga Morán, manifestó que el caso merece una investigación en profundidad.

“El incremento de una inversión de S/ 320 millones a S/ 740 millones en primer lugar debe estar plenamente justificado, conforme a las condiciones técnicas, presupuestales y normativas señaladas. Debe tenerse en cuenta si fueron las deficiencias en el Expediente Técnico lo que presumo ocasionó los adicionales que hicieron disparar el precio original”, apuntó Zúñiga.

El experto indicó que el modelo de contrato de gobierno a gobierno no es el origen del problema sino eventualmente la ejecución de la obra.

“El modelo de gobierno a gobierno no es en sí mismo cuestionable, pero sí lo es su implementación deficiente. Cuando se aplica sin sustento técnico, sin control adecuado o sin cumplir los requisitos legales previos, se vulnera su propósito”, resaltó el especialista.