JNJ blinda a Juan Fernandez Jerí y decide no iniciar procedimiento disciplinario tras denuncia de Rafael Vela

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió archivar definitivamente la denuncia presentada por Rafael Vela contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP), Juan Fernández Jerí. La resolución desestima cualquier sanción disciplinaria, blindando de manera total al funcionario.

El caso se originó en 2023, cuando Vela denunció que Fernández Jerí impulsaba procedimientos arbitrarios en su contra. Alegó que no existían garantías mínimas de imparcialidad y pidió que la JNJ asumiera el proceso directamente. Pese a ello, el órgano colegiado optó por cerrar la investigación sin abrirle siquiera un procedimiento.

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La decisión no solo beneficia a Fernández Jerí, sino también a seis altos funcionarios de la ANC-MP. Para el entorno de Vela, este fallo confirma que la JNJ ha elegido alinearse con el aparato de control que busca neutralizar a fiscales que incomodan a sectores de poder, entre ellos los que investigan a “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Con este blindaje, Fernández Jerí queda en posición de usar la ANC-MP como un brazo armado institucional. El riesgo es evidente: suspender o apartar a fiscales como Vela y José Domingo Pérez, y con ello debilitar investigaciones clave de corrupción y crimen organizado.

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Resolución abre la puerta a que Fernández Jerí actúe contra fiscales incómodos al poder

La resolución de JNJ señala que no existen méritos suficientes para iniciar un proceso disciplinario. El colegiado argumentó que las actuaciones de Fernández Jerí se dieron dentro de sus funciones y, por lo tanto, no configuran irregularidad. Esa interpretación es vista por críticos como un “escudo institucional” para protegerlo.

La entidad también desestimó los pedidos de revisar la imparcialidad del funcionario, cerrando la posibilidad de que un órgano independiente evalúe su conducta. Esto refuerza la idea de que el sistema de control interno se mantiene en manos de quien debería ser objeto de escrutinio.

De esta forma, se consolida un escenario donde los magistrados que investigan a redes de poder político y judicial quedan expuestos a ser sancionados o apartados, debilitando así la autonomía del Ministerio Público.