Consejo de la Prensa Peruana denuncia hostigamiento y amenazas contra periodistas en Perú

En los últimos meses, diversos casos de hostigamiento y amenazas a periodistas han puesto en evidencia un preocupante patrón de persecución a la libertad de prensa en Perú. El más reciente de estos episodios involucró a este diario, que sufrió represalias por su cobertura sobre los trenes deteriorados Lima-Chosica traídos por Rafael López Aliaga.

La Municipalidad de Lima, a través de sus canales oficiales, acusó a los periodistas del medio de daños a los vagones, una acusación que derivó en amenazas de muerte a la periodista Grecia Infante y en actos de intimidación por parte de simpatizantes del alcalde López Aliaga. Este caso se suma a una serie de incidentes que incluyen el hostigamiento a periodistas como Gudy Gálvez, quien recibió amenazas de muerte tras reportar sobre corrupción en obras públicas en Huaraz, y las agresiones físicas a fotógrafos como Juan Zapata y Juan Mandamiento durante coberturas de manifestaciones.

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Además de estas amenazas directas, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) denunció que el ámbito político y judicial también ha jugado un papel clave en la criminalización de la labor periodística. Casos como el de la fiscal Marita Barreto, quien abrió una investigación contra periodistas de Willax por acoso y otros delitos, y el de Juan José Santiváñez, quien denunció a periodistas de Latina por el delito de reglaje, muestran cómo figuras del poder utilizan las instituciones para amedrentar a la prensa.

A todo esto se suma la propuesta de la ‘Ley Mordaza’, que busca restringir aún más la libertad de expresión, penalizando severamente a los medios de comunicación y ciudadanos que critiquen al gobierno. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta la necesidad de garantizar los derechos de los defensores de la libertad de prensa, subrayando la creciente violencia institucional contra los periodistas en Perú.

Posición del Consejo de la Prensa Peruana

Luego del informe presentado por el CPP, la institución finaliza manifestando estar en contra de las acciones que buscan perseguir y hostigar a los periodistas en el país. La organización rechaza el uso de las instituciones judiciales y gubernamentales para criminalizar la labor periodística, como lo evidencian los casos de denuncia por reglaje contra periodistas de Latina y la acusación de formar "bandas criminales" contra periodistas de Willax.

Para el CPP, estos actos son un abuso de la ley y una forma de intimidación que busca silenciar a los medios que informan sobre temas que revelan las cosas turbias de la gestión pública.