Dina Boluarte: decretos supremos fueron firmados mientras tuvo rostro vendado y con gasa en los ojos tras cirugías

A ojos cerrados: así habría "firmado" Dina Boluarte los decretos supremos promulgados durante los días 29 y 30 de junio. Según la reciente declaración del cirujano Mario Cabani —médico de la presidenta—, las intervenciones a las que se sometió Boluarte fueron de carácter estético, y ella permaneció en la clínica durante varias horas entre esos dos días. "Por sugerencia mía, ella se quedó no solo el 29, sino también el 30 en la mañana. Adelantó su salida a las 6 de la mañana", declaró Cabani en una entrevista para el programa Cuarto Poder.

Durante la permanencia de Boluarte en la clínica, se publicaron con su firma el decreto supremo N.º 144, que autorizaba la transferencia de partidas presupuestarias a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y el decreto supremo N.º 017. Ambos documentos indican que fueron firmados en la Casa de Gobierno el 29 de junio de 2023, lo cual contradice lo afirmado por el médico.

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Cabani también explicó que la mandataria presentaba dificultades sensoriales tras la operación: tenía el rostro vendado y compresas frías sobre los ojos, lo que le impedía ver por completo.

Lo dicho por el cirujano coincide con testimonios anteriores. Un audio difundido por 'Hildebrandt en sus Trece' recoge la versión de Patricia Muriano, exasistente de la presidenta, quien sostiene que la historia clínica fue alterada y que el documento original fue retirado por la propia Boluarte. Según Muriano, además de una rinoplastia realizada por el doctor Javier Sánchez Ingunza, la presidenta se habría sometido a otros procedimientos como la colocación de hilos tensores, eliminación de bolsas en los ojos, relleno facial y liposucción abdominal; algo que concuerda con lo narrado por Cabani.

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Dina Boluarte habría cometido delito de falsedad por firmas distintas en actas del Consejo de Ministros

En un artículo anterior de La República, varios abogados penalistas opinaron sobre la gravedad de que la presidenta haya presentado documentos oficiales con firmas que no le pertenecerían. El abogado César Nakazaki afirmó que se trataría de un caso de falsedad material: “Si se demuestra que las firmas fueron falsificadas, estaríamos ante un delito de falsedad material o documental. Al tratarse de documentos públicos, la pena podría alcanzar hasta 10 años de prisión”.

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Luis Lamas Puccio, también penalista, compartió una opinión similar: “Si la firma no es auténtica, estaríamos ante un delito de falsedad agravada, ya que se trata de un documento público. Podrían identificarse instigadores (quienes ordenaron la falsificación), cómplices (quienes facilitaron el acto) y autores (quienes participaron directamente en la validación del documento). La pena podría llegar a 10 años de prisión”.

Por su parte, Mario Amoretti, otro especialista consultado, advirtió que también podría tratarse de un caso de falsedad ideológica: “Si el contenido del documento es distinto al que realmente corresponde, se trataría de falsedad ideológica, lo cual también sería materia de investigación”. Añadió que, si se comprueba que las firmas no pertenecen a la presidenta, esta podría enfrentar hasta 10 años de prisión: “Por tratarse de un documento público, la falsificación de la firma conlleva esa pena”, concluyó.