Dina Boluarte: Cambian fiscales que investigan muertes en las protestas sociales contra la presidenta y el Congreso

Además del nombramiento de una fiscal sin experiencia de derechos humanos, como  coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales contra Dina Boluarte y el Congreso, el Ministerio Público decidió cambiar a nueve fiscales a cargo de los casos por otros, que no son especializados en este tema. 

Como se recuerda, el viernes pasada asumió el cargo Rosario Isabel Quico Palomino, en reemplazo de la fiscal Raquel Cárdenas Manrique, quien durante dos años condujo la investigación de los muertes y heridos producto del excesivo uso de la fuerza de las fuerzas del orden durante las movilizaciones de 20022 y 2023 exigiendo la renuncia de la mandataria y el cierre del Congreso.

PUEDES VER: Francisco y su defensa del buen periodismo

La propia Quico relató en la entrevista ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) durante su proceso de ascenso, que ella no ha visto antes casos de derechos humanos, y más bien ha llevado carpetas de corrupción. Sin embargo, la nombraron coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos; y, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales.

La República pudo conocer que, por ejemplo, uno de los nuevos fiscales nombrados el equipo que ve los abusos durante las protestas es As Carlo Antonio Atocha Castro, quien según su propio curriculum entregado a la JNJ para el proceso de ascenso del año pasado, ha tenido experiencia en temas de violencia familiar y feminicidio.

Otros fiscales convocados es Marcelo Alejandro Fernández Vásquez, quien ha sido fiscal adjunto en delitos de corrupción de funcionarios el Callao y ha llevado cursos sobre lavado de activos; Alberth Fernández Salazar tiene una tesis para el grado de maestro en derecho penal y procesal penal, y otro en gestión pública, pero ninguno tiene estudios y han trabajado en temas de derechos humanos.

También están Tania Griselda Loyaga Flores y Katherine Fiorella Delgado López, lo único que mencionaron en sus curriculums fue haber llevado 60 horas en un curso de Especialización en derecho Constitucional, Procesal Constitucional y el Sistema de Derechos Humanos organizado por el Colegio de Abogados de Huaura.

Otros casos

En tanto, nombraron en la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Terrorismo y Delitos Conexos a Patricia Josselyn Espejo Cruz, quien en su curriculum subido a la JNJ solo incluyó un curso de derechos humanos de 60 horas por el Colegio de Abogados de Tumbes, y otros sobre derecho procesal y procesal penal; mientras que Javier Antonio Heredia Cercado informó que llevó un diplomado de 120 horas sobre violencia contra mujeres, derechos humanos e interculturalidad en el Colegio de Abogados del Callao.

De los otros cuatro fiscales nombrados para dicha fiscalía solo Nancy Moreano Rozas declaró un curso de 75 horas de la Academia de la Magistratura sobre Constitucionalidad y tratados de derechos humanos. Jackeline Olivares tiene una maestría en Ciencias Penales y diplomados en violencia familiar, criminología y procesos constitucionales; Peter Paul Miranda y Zendhi Armas Chilón consignaron cursos sobre violencia familiar y técnicas de litigación, entre otros.

En todos los casos, los fiscales fueron presentados como adjuntos provinciales titulares especializados en derechos humanos e interculturalidad de Lima Centro, pese a no tener experiencia en esos temas, lo que genera, por lo menos una preocupante demora en las investigaciones sobre las muertes en las protestas, por los que la propia jefa de Estado se encuentra investigada, entre otros casos.