Congreso: Comisión de Ética blinda a congresistas Darwin Espinoza y Kira Alcarráz tras denuncia por presuntos favores mutuos

La Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por el congresista Alex Paredes (Bancada Magisterial), favoreció a los congresistas Darwin Espinoza (Acción Popular) y Kira Alcarráz (Podemos Perú) al aprobar el informe final que recomienda declarar infundada la denuncia en su contra. Ambos parlamentarios fueron señalados por un presunto intercambio de favores entre sus despachos, que habría incluido la asignación de una trabajadora de Espinoza al despacho de Alcarráz, así como la supuesta negociación del voto de Alcarráz cuando formaba parte de dicha comisión.

Presuntamente, el congresista de Acción Popular cedió su puesto en la Comisión de Ética a su colega de Podemos Perú. Días después, Kira Alcarráz Agüero renunció a la comisión y anunció el despido de Estefanía Cuya Barzola, la trabajadora originalmente vinculada al despacho de Darwin Espinoza Vargas. La denuncia no tendrá mayor repercusión en la Comisión de Ética tras haber sido declarada infundada con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención.

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No obstante, no todo es favorable para Darwin Espinoza. La misma Comisión de Ética que ahora lo exonera lo suspendió previamente por 60 días, tras acusarlo de utilizar su oficina y a funcionarios de su despacho para actividades relacionadas con la inscripción de una organización política regional.

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Las acusaciones contra Darwin Espinoza

Espinoza no se encuentra libre de polvo y paja tras la decisión de la Comisión de Ética. La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra el congresista, acusándolo de la presunta comisión de los delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso en perjuicio del Estado. Se le señala por haber exigido a sus empleados contribuciones monetarias para la compra de obsequios, la recolección de firmas en Áncash y la cobertura de gastos de transporte, hospedaje y alimentación, bajo la advertencia de despido.

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Además, se le imputa el uso indebido de recursos públicos en su beneficio, al haber asignado a siete trabajadores del Congreso a actividades ajenas a su función legislativa. En particular, se alega que estos empleados participaron en la recolección de firmas para la inscripción del Movimiento Regional Adelante Áncash, lo que constituiría una desviación de sus funciones oficiales.

También se le acusa de utilizar bienes estatales con fines no parlamentarios, como un equipo multifuncional de impresión en la oficina 412-413 del edificio Fernando Belaúnde y el sistema de consultas en línea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Con esta nueva denuncia, el número de acusaciones constitucionales en su contra, todas notificadas al Congreso de la República, supera las veinte y aún esperan resolución.

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