Ollanta Humala: Fiscalía formaliza pedido de 13 años de prisión contra expresidente por caso Club de la Construcción

El proceso judicial contra el expresidente Ollanta Humala en el caso del Club de la Construcción parece estar llegando a su fin. El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, formalizó una acusación contra 29 personas involucradas y 14 empresas en el caso de corrupción. Entre ellas se encuentran Humala, a quien se le ha solicitado 13 años de prisión.

Entre las personas naturales acusadas figuran algunos nombres reconocidos, como Javier Lei Siucho, relacionado con la familia Siucho, la cual está imputada por presuntos delitos, incluidos casos de corrupción; Fernando Camet, pieza clave en el caso Interoceánica; y Carlos García Alcázar, allegado al exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Ollanta Humala, Carlos Paredes, quien también forma parte de la lista de acusados por la Fiscalía junto con su hermano, José Paredes.

La acusación contempla los delitos de asociación ilícita para delinquir, de cohecho, colusión y lavado de activos por supuestamente haber recibido diversas coimas de constructoras, empresarios y otros actores involucrados en concursos públicos, con el fin de obtener la adjudicación de importantes megaproyectos. La acusación sostenida por Juárez Atoche sostiene que existía un contubernio entre exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), empresarios y constructoras para asegurar contratos a su favor y distorsionar la competencia pública en la que el ex jefe de Estado habría estado implicado.

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¿Cómo operaba el Club de la Construcción?

Las investigaciones del Ministerio Público señalan que el denominado Club de la Construcción era una red de empresas del sector infraestructura que habría obtenido contratos de obras públicas de forma irregular, mediante acuerdos ilícitos con funcionarios estatales. Este esquema consistía en la manipulación de licitaciones, en las que las compañías involucradas coordinaban de antemano cuál resultaría ganadora, mientras las demás participaban únicamente para simular una competencia legítima. A cambio, se habrían entregado pagos indebidos a servidores públicos para asegurar la adjudicación de los proyectos.

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Según la tesis fiscal, este mecanismo operó entre 2011 y 2014, periodo en el que Humala era presidente de la República, involucrando a empresas como Graña y Montero, Obrainsa, Cosapi, entre otras. Se estima que los sobornos, que oscilaban entre el 1% y el 3% del valor de los contratos, se financiaban mediante el sobrecosto de las obras, lo que habría comprometido cerca de 10 mil millones de soles. Además, existen indicios de que estas prácticas podrían haberse extendido hasta 2017, abarcando la licitación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur en sus tramos 2 y 3.

Actualmente, la Fiscalía se encuentra en las etapas finales de la investigación sobre los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos, entre otros. El Ministerio Público ha formulado una acusación en la que están involucrados tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia. En su momento, testigos afirmaron que la ex pareja presidencial habría recibido al menos 16 millones de dólares como resultado de la organización ilícita.

Las otras acusaciones que enfrentan Ollanta Humala y Nadine Heredia

Humala y Heredia enfrentan múltiples acusaciones por presuntos actos de corrupción y lavado de activos, tanto durante como después de su mandato (2011–2016). Uno de los casos más destacados es su implicación en el escándalo de Odebrecht, en el que se les acusa de haber recibido aportes ilegales para financiar sus campañas electorales.

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Según declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, la empresa habría entregado 3 millones de dólares para la campaña presidencial de 2011, fondos que, según se informa, fueron gestionados principalmente por Heredia. Estas acusaciones llevaron a que la Fiscalía solicitara 20 años de prisión para Humala y 26 años y 6 meses para Heredia. Además de Odebrecht, Humala habría recibido fondos ilícitos de la también empresa brasileña OAS y del gobierno de Venezuela para sus campañas del 2011 y 2006.

Del mismo modo, Heredia ha enfrentado otras denuncias por delitos como la corrupción de funcionarios públicos, tráfico de influencias, colusión y asociación ilícita en diversos proyectos y contratos durante el gobierno de Humala. Ambos han negado reiteradamente todas las acusaciones en su contra, argumentando que se trata de persecuciones políticas.