Comisión de alto nivel de la OCDE exhorta al Perú a proteger la independencia judicial y fiscal

La Comisión de alto nivel de la OCDE exhortó al Perú a proteger la independencia judicial y fiscal tras alertar que diversas medidas políticas interfieren con el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Entre estas mencionó las investigaciones contra los fiscales del caso Lava Jato, las leyes pro crimen y el proyecto para crear la Escuela Nacional de la Magistratura.

De acuerdo con el informe de la OCDE, desde el 2023 "algunos fiscales del Equipo Especial Lava Jato han sido objeto de procedimientos disciplinarios e investigaciones fiscales mientras seguían ocupando sus cargos y desempeñando sus funciones".

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Además, el grupo de trabajo mencionó el intento de inhabilitación de algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia y la propuesta legislativa para reemplazar esta institución por una Escuela Nacional de la Magistratura.

Al respecto, la organización recomendó evaluar dicha iniciativa a fin de "evitar posibles impactos en la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de nombramiento y disciplina de jueces y fiscales".

De la misma forma, la OCDE alertó y pidió cuidado con las leyes aprobadas que benefician a la criminalidad. "Las recientes reformas al marco legal del Perú en materia de acuerdos de cooperación y extinción de dominio podrían socavar la capacidad de los fiscales para perseguir a los responsables de actos de corrupción", advirtieron.

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Estos hechos advierten que el Estado podría ser ineficaz al investigar "casos de soborno internacional, como lo exige la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales", se lee en el informe.

"Perú ha logrado grandes avances en la lucha contra la corrupción, incluyendo el lanzamiento de varias investigaciones de alto perfil por corrupción en los últimos años contra altos funcionarios. Para mantener este impulso, es esencial que Perú tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de la interferencia política”, mencionó Kathleen Roussel, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE y quien estuvo a cargo de la supervisión realizada el 21 y 22 de enero de este año.

Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa manifestó: “Es una preocupación permanente del Estado peruano buscar una mejor administración de justicia. El Perú es un país democrático que respeta la separación de poderes y la institucionalidad que está consagrada en nuestra Constitución Política, así como en los tratados internacionales. Hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar que ustedes tengan la mayor independencia durante sus reuniones. Estamos seguros que la misión, en los próximos meses, realizará una evaluación adecuada, en base a la información recabada”.