La creación de la Escuela de la Magistratura aumentará la provisionalidad en el Poder Judicial y el Ministerio Público
Improvisación. Implementar el nuevo sistema de selección, nombramiento y destitución de jueces y fiscales podría tardar algunos años, hasta que el Congreso aprueba las leyes orgánicas de la Escuela Nacional de la Magistratura y de las Autoridades de Control. En ese periodo no habrá nombramientos ni destituciones de magistrados.
La creación de la Escuela Nacional de la Magistratura impulsada por el Congreso de la República generará un aumento en la provisionalidad del Poder Judicial y el Ministerio Público, incrementará la burocracia y el gasto estatal, y favorecerá a las redes de corrupción judicial y política, incluyendo a los 'Cuellos Blancos del Puerto'.
El cambio que propone en la selección y nombramiento de jueces y fiscales y en el control disciplinario es muy confuso y obliga a un reinicio total del sistema, sin que exista una fecha cierta de entrada en operaciones. Jueces, fiscales, abogados y diversos operadores del sistema de justicia coinciden en que se necesitarían por lo menos tres años para que el nuevo modelo, este en condiciones de funcionar.
Además, existe un alto riesgo de que el nuevo sistema caiga bajo el control de las fuerzas políticas de derecha, que hoy dominan el Congreso, o de las que lo hagan en el futuro, advirtió el Colegio de Abogados de Lima.
El sistema judicial corre riesgo de perder su independencia
Esta pretendida reforma se realiza apenas cinco años después de la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, por el escándalo de corrupción de los audios de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.
El motivo para el cambio actual es enteramente político, de un lado, controlar los organismos electorales: ONPE y RENIEC y, de otro, evitar fallos en contra de los intereses del Congreso.
“La JNJ ha contribuido a generar desconfianza en el sistema de justicia. Ellos han seleccionado a los magistrados que vienen actuando en casos especiales donde se han visto algunas motivaciones no muy pegadas a la Ley. Hoy cuando encontramos jueces políticos tratando de inmiscuirse y resolver casos políticos, tratando de manejar las decisiones del Congreso”, afirma la congresista Gladys Echaíz.
El nuevo modelo
La propuesta de la congresista Gladys Echaíz divide a la Junta Nacional de Justicia en tres instituciones
Implementar y poner en marcha la JNJ tomó casi dos años, pese a que solo se cambió la forma de elegir a sus integrantes. La JNJ heredó las funciones del CNM: seleccionar y nombrar jueces y fiscales, ratificarlos cada siete años, controlar su desempeño cada tres años y realizar los procesos disciplinarios de destitución.
La propuesta de la ex fiscal de la Nación y congresista Gladys Echaíz desarticula la JNJ en tres nuevas instituciones, que requerirán que el Congreso discuta y apruebe leyes orgánicas para su entrada en funciones: capacitar y luego nombrar.
El nuevo sistema quedaría integrado: 1) La Escuela Nacional de la Magistratura, para la preparación, capacitación, selección y nombramiento de jueces y fiscales y los propios integrantes del sistema. Estará a cargo de un directorio de tres miembros: un juez supremo, un fiscal supremo y un representante de las universidades públicas y privadas. Uno de ellos, lo presidirá por un periodo de dos años, pudiendo reelegirse por un año más.
2) La Autoridad Nacional de Control de la Judicatura del Poder Judicial, para los procesos disciplinarios de los jueces, estará integrada por cinco miembros con rango de jueces supremos, que serán previamente preparados y seleccionados por la Escuela Nacional de la Magistratura. Contará con un presidente. Su organización y funciones se determinarán por Ley Orgánica. Además, existe el Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
3) La Autoridad Nacional de Control de la Función Fiscal del Ministerio Público, para los procesos disciplinarios de los fiscales, estará integrada por cinco miembros con rango de fiscales supremos, que serán previamente preparados y seleccionados por la Escuela Nacional de la Magistratura. Tendrá un presidente. Su organización y funciones se determinarán por Ley Orgánica. Además, está el Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, como un organismo autónomo.
La inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez afectó el trabajo de la Junta Nacional de Justicia
Salvataje
Al entrar en vigencia la Ley Echaíz, concluirán las funciones de la Junta Nacional de Justicia y la Academia Nacional de la Magistratura, con lo cual todos sus procesos en trámite -cursos del actual Programa de Aspirantes y procesos disciplinarios de destitución- quedan truncos.
Uno de los encargos que recibió la JNJ fue revisar los nombramientos de jueces y fiscales realizados por el desaparecido CNM desde el 2015 para descartar la presunta influencia ejercida por la red de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Una tarea que todavía no ha concluido y de la que el nuevo proyecto no dice nada.
Las leyes orgánicas las promulga el Congreso y requieren tiempo para idearlas, discutirlas y aprobarlas. Mientras eso no se apruebe, el nuevo sistema no podrá funcionar, con lo cual no habrá concursos de selección y nombramiento de magistrados, crecerá la provisionalidad y diversos procesos disciplinarios pueden prescribir o caducar, indica el jurista Nelson Ramírez.
Una vez que entre en funciones, la Escuela Nacional de la Magistratura deberá realizar un concurso de selección de abogados-alumnos que quieran ser jueces y fiscales. Prepararlos por un tiempo determinado, ¿seis meses, un año o dos años?, no se sabe. Una vez que estén capacitados, recién podrán concursar para ser seleccionados como jueces o fiscales.
Lo mismo ocurrirá con los integrantes de las Autoridades de Control de jueces y fiscales. El proyecto de ley establece que deben ser capacitados por la Escuela antes de ser nombrados. Este es uno de los motivos por los que el presidente de la AMAG, Manuel Luján, considera que el proyecto es inviable.
Provisionalidad
La provisionalidad llega al 59% en el Poder Judicial y al 54 % en el Ministerio Público
La provisionalidad ha aumentado desde 2018, debido a la inactividad entra la salida del CNM y el inicio de labores de la Junta Nacional de Justicia. En 2021 se reactivaron los concursos públicos para seleccionar jueces y fiscales titulares, pero la Junta no pudo avanzar el 2023 y 2024.
La JNJ buscó completar el número de magistrados supremos titulares. En la Corte Suprema hay actualmente 19 titulares, de un total de 20. En el Ministerio Público, la mala designación de Patricia Benavides no les permitió avanzar. La Junta de Fiscales Supremos, compuesta por seis integrantes, fluctúa entre 3 y 4 fiscales titulares.
La provisionalidad en el Poder Judicial y el Ministerio Público es un problema endémico. El 2018 había 1,767 jueces titulares. Hoy quedan 1,474 que representan un 41% del total. La provisionalidad llega al 20% y los supernumerarios 39%, lo que suman un 59% de jueces a nivel nacional, que no tienen estabilidades en el ejercicio de sus funciones. Así, en la fiscalía, la provisionalidad llega al 54% y en el Poder Judicial al 59%, con una tendencia creciente.
Un dato que pone de relieve este problema, es que las fiscalías y órganos judiciales más emblemáticos, como los Equipos Especiales Lava Jato y Contra la Corrupción en el Poder, y la Corte Penal Nacional, están integrados mayoritariamente por provisionales. Si bien hay jueces y fiscales titulares, estos lo son en otros cargos, lo que genera inestabilidad.
¿Del Congreso a la Escuela?
Al dejar el Congreso, Gladys Echaíz podría integrar la Escuela Nacional de la Magistratura
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, ha mostrado su apoyo al proyecto de la congresista Gladys Echaíz. Mostró interés en el primer texto, que aumentaba la edad de jubilación de los jueces supremos hasta los 75 años y desaparece la ratificación cada siete años. Hay silencio frente al proyecto final, aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso.
El 3 de junio de 2024, el sindicato de la Academia de la Magistratura se reunió con la congresista Gladys Echaíz. Es entendible el interés de los trabajadores por el futuro de sus puestos de trabajo. Pero la reunión también se presta a suspicacias.
La ex fiscal de la Nación cumple con los requisitos para integrar y presidir la Escuela Nacional de la Magistratura. La Junta de Fiscales Supremos no puede elegir a un fiscal supremo titular para integrar dicho organismo, por riesgo de quedarse sin quórum. Gladys Echaíz sería la única fiscal suprema cesante en actividad para ser elegida e integrar la flamante Escuela Nacional de la Magistratura.
