Especialistas critican el proceso político y judicial llevado en la restitución de la detención preliminar

La figura legal de la detención preliminar, que permite a los jueces ordenar el arresto temporal de sospechosos de delitos para prevenir su fuga, ha sido objeto de intenso debate público recientemente. La propuesta de eliminarla, el posterior intento de reintroducirla en el sistema penal y las observaciones del Ejecutivo en el último día del plazo han suscitado críticas por la mala gestión y la impunidad que han propiciado.

En La República, convocamos a cuatro profesionales del derecho y las ciencias sociales para que analicen el manejo de esta figura desde las instancias de poder.

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Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior: "La eliminación de la detención preliminar equivale a la amputación de las manos de fiscales y policías"

Estamos enfrentando el mayor auge de criminalidad en nuestra historia republicana. El Gobierno y el Congreso se han convertido en parte del problema. Ambos poderes han aprobado y promulgado un paquete de leyes que benefician directamente a las organizaciones criminales. Muchos procesados, especialmente en casos de corrupción, están obteniendo su libertad gracias a estas leyes. La eliminación de la detención preliminar equivale a amputar las manos de fiscales y policías.

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Los megaoperativos, intervenciones complejas basadas en inteligencia y procedimientos especiales, eran posibles únicamente gracias a la detención preliminar. Sin esta herramienta, las estructuras criminales se sienten empoderadas. Por ejemplo, "El Monstruo", responsable de secuestros, extorsiones, asesinatos y tráfico de drogas en el cono norte de Lima, opera desde Bolivia y Brasil. Sin la detención preliminar, no podría ser detenido.

Es evidente que, para proteger a sus aliados, han destruido una herramienta vital en la lucha contra el crimen. Mientras tanto, en los primeros días del año, se han registrado cerca de 80 asesinatos, atentados contra torres eléctricas y centros comerciales, además de vehículos de transporte público atacados con armas de fuego.

Martín Ueda, director académico de la Asociación de Estudios en Ciencias Sociales "Leviatán": "El poder central busca influir en cuestiones judiciales"

En las últimas décadas, el poder central ha acumulado múltiples atribuciones que socavan la barrera institucional del Estado de Derecho. Esto se refleja principalmente en la manera en que, desvirtuando criterios técnicos o especializados mediante nuevas interpretaciones, busca influir en cuestiones judiciales, civiles y otras áreas, dificultando los procedimientos mínimos necesarios para el correcto funcionamiento de la justicia.

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Existe una intención constante por parte de actores políticos de salvaguardar intereses particulares desde sus posiciones de poder, ya sea en función de agendas políticas, ideológicas o problemas personales. Esta instrumentalización del poder reduce la acción política a intereses individuales, afectando negativamente los procesos judiciales.

La ciudadanía percibe que estos procesos están direccionados y no priorizan el interés nacional. Esto retrasa la construcción de un proyecto de país, especialmente en un contexto donde la democracia, el gobierno y las instituciones enfrentan niveles históricos de desaprobación.

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Este gobierno no enfrenta los problemas que agobian a los peruanos; actúa en función de sus propios intereses y los de sus aliados en el Congreso. Prueba de ello es la aprobación, en solo seis meses, de la ley que limita la detención preliminar a casos de flagrancia, respaldada por 94 votos de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, entre otros.

El Ejecutivo no fue un simple espectador en este proceso. Pese a conocer la iniciativa, no la evitó ni la observó, sino que la promulgó. Un gobierno comprometido con enfrentar el crimen habría actuado para frenar una norma que perjudica a la población.

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Además, el gobierno esperó hasta el último momento para observar la nueva autógrafa del Congreso tras el escándalo de la Ley 32181, dejando a los operadores judiciales sin herramientas clave para combatir la delincuencia. Esta decisión deliberada limita las facultades de la Fiscalía, reservando la detención preliminar solo para delitos graves, excluyendo casos de corrupción como peculado, cohecho o tráfico de influencias. ¿A quién beneficia esto? La respuesta es evidente.

Con apenas un 3% de aprobación, este gobierno actúa sin escrúpulos, priorizando su supervivencia política mientras la delincuencia continúa cobrando vidas. Al afirmar que "no gobiernan por las encuestas", demuestran una peligrosa indiferencia hacia la opinión pública, normalizando decisiones contrarias al interés ciudadano.

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La legislación peruana establece tres formas de privar de libertad a una persona: detención preliminar judicial (con o sin flagrancia), prisión preventiva y condena de prisión efectiva. Las dos primeras son excepciones al principio constitucional de presunción de inocencia y están sujetas a plazos y requisitos específicos: indicios razonables de la comisión del delito, una pena aplicable superior a 4 o 5 años y la existencia de peligro procesal (riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación).

La detención preliminar judicial sin flagrancia se justifica para garantizar diligencias urgentes e indispensables que no podrían realizarse sin detener al investigado. A diferencia de la prisión preventiva, su objetivo es exclusivamente asegurar estas acciones.

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En una actitud cuestionable, el Congreso utilizó una modificación destinada a evitar la detención de policías en el ejercicio de sus funciones para eliminar, de manera encubierta, la detención preliminar sin flagrancia.

Tras el rechazo unánime de la opinión pública, el Congreso dio marcha atrás y restituyó la norma. Sin embargo, el gobierno de Boluarte, cuyo vocero se benefició de la derogatoria, retuvo el proyecto de ley durante un mes y lo devolvió sin promulgar. Entre las modificaciones propuestas, se restringió la detención preliminar a delitos graves con penas superiores a ocho años, excluyendo delitos como corrupción, lavado de activos, minería ilegal, tortura y desaparición forzada.

Con esta demora, han conseguido que la restitución de esta herramienta no se materialice hasta marzo. Es evidente que su intención no es curarse en salud, sino en impunidad.