Eduardo Salhuana impulsa regreso del Estatuto Parlamentario para frenar contrataciones a dedo en el Congreso

En medio del escándalo por una presunta red de prostitución en el Congreso, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, planteó la necesidad de reinstaurar el Estatuto Parlamentario a fin de garantizar que las contrataciones en el Legislativo se realicen con base en la capacidad profesional de los postulantes y no a dedo como se ha venido realizando en los últimos años.

En declaraciones a RPP, Salhuana enfatizó que el retorno de este instrumento será esencial para asegurar que los funcionarios que ingresen al Congreso cuenten con la idoneidad necesaria para desempeñar sus funciones. La propuesta surge tras la revelación de la presunta contratación de personal sin experiencia, así como de meretrices que fungían de asesoras en esta presunta organización que cambiaba sexo por votos.

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“Precisamente, en la conferencia que hemos dado el día 2 de enero, señalamos que vamos a proponer a la Mesa Directiva —porque no es una decisión solo de la presidencia— que se vuelva a aplicar el Estatuto Parlamentario. Es un instrumento que permite garantizar que los trabajadores que ingresen, de confianza o contratados al servicio parlamentario, tienen que entrar básicamente por su capacidad profesional, por su competencia e idoneidad”, afirmó Salhuana.

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El legislador recordó que, antes de que estallara el escándalo relacionado con el asesinato de Andrea Vidal, ya había presentado un proyecto de ley para reinstaurar el Estatuto del Servicio Parlamentario. Este proyecto cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Constitución y ha sido discutido con los sindicatos del Congreso para su implementación.

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“El que habla es autor de un proyecto de ley para poner en vigencia el Estatuto del Servicio Parlamentario, y ese proyecto, presentado, tiene dictamen favorable de la Comisión de Constitución. Ya nos hemos reunido con los dos sindicatos del Congreso para implementarlo, y vamos a plantearlo a la Mesa Directiva. De aprobarse, con eso iremos y corregiremos en gran medida lo que ha venido sucediendo hasta ahora”, agregó.

¿Qué es el Estatuto Parlamentario?

El estatuto parlamentario constituye un conjunto de normas y reglamentos que configuran un régimen especial destinado a proteger el ejercicio del poder representativo dentro del Estado. No se aplica de manera personal a los individuos, sino a los cargos y roles funcionales dentro de la institución parlamentaria.

La importancia de este estatuto radica en la protección de la función que cumple el órgano estatal representativo, asegurando que este desempeño se realice de manera eficiente y sin abusos de poder. Estas regulaciones abarcan desde el momento en que los congresistas asumen su cargo, sujetándolos a una serie de restricciones específicas que buscan preservar la integridad y la imparcialidad necesarias en el cumplimiento de su mandato.

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Este estatuto también establece una serie de prerrogativas y derechos que permiten a los representantes legislativos realizar sus funciones con la libertad necesaria para representar eficazmente a la población. Sin embargo, para evitar excesos, estas libertades están equilibradas con restricciones que impiden el uso indebido del poder.

¿Que pasó con el Estatuto Parlamentario?

El Estatuto del servicio parlamentario ha quedado en suspenso desde la gestión de Luis Galarreta, quien, al asumir la presidencia del Congreso en el año parlamentario 2017-2018, decidió congelar esta medida para otorgar mayor flexibilidad en la designación de funcionarios.

Durante las presidencias de Maricarmen Alva y Alejandro Soto, se realizaron designaciones de funcionarios que, aunque inicialmente fueron tímidas, se intensificaron con la llegada de la Mesa Directiva de Salhuana. En este contexto, se estima que entre 40 y 50 funcionarios han sido nombrados por razones de confianza, lo que ha desmantelado la línea de carrera establecida para los altos funcionarios. Este fenómeno ha suscitado preocupaciones sobre la competencia y la experiencia de los nuevos designados, quienes han sido elegidos más por su lealtad política que por su capacidad profesional.