Especialistas se oponen a ampliación de Reinfo: “No soluciona el problema de fondo y solo lo prolonga para más adelante”

Tras 10 días de bloqueos de vías y protestas en diversas regiones del país, el Congreso aprobó la ampliación por medio año del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). No obstante, la Red Muqui, en un conversatorio que realizó para presentar la Agenda MAPE, hizo público que dicho proceso no resuelve el problema de fondo. Por lo cual, proponen su cierre definitivo.

Impacto ambiental y la urgencia de un censo

“El Reinfo ha servido para que muchos miembros que se han inscrito, se escuden en la actividad ilegal y extenderlo por seis meses más no va a cambiar mucho el escenario. Las deficiencias van a seguir existiendo. El Ejecutivo y Congreso no quieren resolver el problema de fondo y solo lo están prologando para más adelante”, sostuvo Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui.

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También mencionó que dicha decisión de las autoridades, está debilitando el marco institucional ambiental en vez de fortalecerlo y dejando estragos en los territorios como Madre de Dios, Puno y Pataz.

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En la misma línea, Nury García, co-coordinadora del grupo de trabajo MAPE de la Red Muqui, subrayó que el Gobierno no está en la capacidad de solucionar la informalidad minera en un corto plazo y solo está resolviendo que los mineros no pasen a una situación de ilegalidad para así evitar la penalización.

“La ampliación del Reinfo no es una solución, por eso proponemos su cierre. Tal y como se está dando, no puede continuar, porque actualmente están inscritos un promedio de 87 mil hombres y mujeres que se dedican a la minería. De los cuales, 70 mil están suspendidos y solo 17% están en la vía de formalización. De esta última cifra, el 97% no cumple con los requisitos”, precisó.

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En ese sentido, considera que uno de los requerimientos para solucionar esta brecha, es sincerar las cifras a través de un censo.

“Nuestro Estado, ha demostrado su incapacidad para controlar, mitigar, remediar los impactos ambientales de las pequeñas y grandes minerías. Tenemos 70 mil pasivos ambientales, que siguen contaminando. Hay incapacidad del Gobierno para resolver la mediana y pequeña minería.”, señaló Nury García.

Reducción de presupuesto e intereses personales

Javier Jahncke, miembro del equipo coordinador de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), cuestionó la reducción del monto para la formalización minera en los presupuestos del 2025, de 25 a 15 millones.

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“Una cosa es el anuncio ante la situación de crisis, de conflicto, y otra es la acción concreta de financiamiento. (…) Lo que falta es decisión política para transformar los procesos. Parece que la voluntad es solo que se formalice para que tributen, pero no se vez más allá”, añadió.

En tanto, Jaime Borda, subrayó que la propuesta del titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de formalizar a 20.000 mineros artesanales y pequeños en el marco de la extensión de seis meses del Reinfo, es “un poco optimista”, porque se pretende hacer en un corto tiempo lo que no se ha hecho en años.

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“Suena más a una propuesta política para salir del problema de momento”, enfatizó.

Javier Jahncke indicó que “en el Congreso y Poder Ejecutivo hay intereses económicos enquistados de que se mantenga la ilegalidad”. Y la aprobación del Reinfo lo evidenciaría, al nivel de llegar a censurar a un ministro.

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Perú, no solo es un país minero

En tanto, Nury García, señaló que el Perú no debe ser considerado como un país minero, sino como pluridiverso, con una biodiversidad y actividades económicas diversas. Agregó que en el país existen 10 millones de afectados por metales tóxicos, productos de la minería.

“A la ley MAPE le falta el enfoque de visión del país que queremos. Si se rige con un enfoque de país minero, las políticas de estado van a ser extractivas. Y se dejará de lado otros sectores. (…) Esa política extractivista estatal es cómplice de la situación de pobreza, desigualdad que viven muchas poblaciones”, finalizó.