Fiscal de la Nación solicita revisar penas para sicariato, extorsión, secuestro y robo: "La actual norma afecta a las condenas efectivas"

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, realizó una mesa de trabajo con diversos representantes de varias entidades del Estado para discutir sobre seguridad ciudadana. Como se recuerda, semanas atrás, el Parlamento aprobó la Ley de crimen organizado, la cual es cuestionada por modificar varios artículos de la Ley N. °32108, siendo uno de los cambios más polémicos, que de los 91 tipos penales que existen en la actualidad, se sugiere eliminar 59.

En esa línea, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, expuso los motivos por los que sugiere a Eduardo Salhuana que revise la actual norma modificada que suspenden las penas efectivas en delitos graves (sicariato, extorsión, secuestro y robo agravado), pues estas no estarían siendo efectivas para combatir el crimen en el Perú.

Fiscal de la Nación pide revisar Ley de crimen organizado

Al comienzo de su exposición, Villena indicó que el aumento de pena nunca ha sido una solución para combatir la inseguridad ciudadana, sin embargo, sí considera que "es un elemento muy importante para perseguir los delitos relacionados con sicariato, extorsión, secuestro y robo agravado".

"Son delitos que debemos buscar que las penas sean efectivas y no suspendidas", agregó. Adicionalmente, pidió a Salhuana que el Congreso haga un análisis exhaustivo del decreto legislativo 1584, pues se estaría modificando la prisión preventiva y la suspensión de la pena en delitos graves.

Por otro lado, explicó que muchas de las penas de los delitos en grados de tentativa, se han visto reducidos según el Acuerdo Plenario. "Además, en ejecución de la pena, pueden suspenderla cuando se trata de delitos cometidos por una persona menor de 25 años o que no tenga antecedentes penales, definitivamente, muchas de las condenas van a ser suspendidas" agregó el fiscal.

A esto añadió, que normalmente quienes cometen delitos de robo son jóvenes y la mayoría extranjeros, de quienes la Fiscalía no posee sus antecedentes penales.