Este martes 20 de agosto, el portal periodístico Epicentro TV utilizó sus redes sociales para anunciar que un grupo de ciudadanos entre ellos, exministros de estado y juristas reconocidos en el ámbito nacional decidieron presentar ante la Corte Penal Internacional otra denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y autoridades del país.
En esa línea, la acusación se suma a la anterior acusación que se dio a conocer en junio del presente año cuando la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) anunciaron que sostuvieron una reunión con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para entregarle la documentación pertinente respecto a las muertes registradas al inicio de la gestión de la jefa de Estado Boluarte Zegarra.
Los representantes de las asociaciones de los Derechos Humanos indicaron que realizaron esta acción en virtud con el artículo 15 del Estatuto de Roma, relacionado con los hechos de represión policial hacia las manifestaciones quienes se mostraron en contr de que la mandataria haya asumido el cargo tras el intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo.
Los firmantes señalaron que presentaron esta acusación basándose en los informes de países y organismos internacionales tales como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europa, Australia, Nueva Zelanda, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Asimismo, indicaron que se han encargado de absolver los requerimientos legales que la Corte Penal Internacional establece y actuado conforme al derecho internacional y peruana, con la finalidad de que se inicien nuevas investigaciones que se llegue hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares que se puedan presentar.
"Quienes suscribimos la presente declaración, hacemos de conocimiento público que en la fecha, hemos denunciado, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, institución con sede en La Haya y cuya competencia ha sido reconocida por el Perú desde el año 2001, a las autoridades del Perú implicadas en los hechos conducentes a la muerte de 49 muertes y de, al menos, 344 heridos, producidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023", se lee en la primera parte del documento.