Corte IDH concede medidas provisionales a víctimas de Barrios Altos y La Cantuta contra ley de impunidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, solicitadas ante la decisión del Congreso de aprobar en segunda votación una ley que limita la aplicación del delito de lesa humanidad a los sucesos ocurridos a partir de julio del 2002, lo que dejaría en impunidad numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos.

El tribunal supranacional requirió al Perú “que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos”.

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En la práctica esta disposición implica que si el Congreso decide aprobar el dictamen en segunda votación, el Estado debería observar la norma como primer mecanismo para que no entre en vigor, y que, de ser el caso, el Poder Judicial no la ejecute.

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Asimismo, la Corte IDH le dio plazo hasta el 9 de agosto para que envíe un informe detallado y completo sobre lo que están haciendo para cumplir lo dispuesto en la resolución suscrita el 1 de julio y notificada hoy al Estado peruano.

En el documento, el tribunal señala que consideró necesario actuar de forma preventiva en vista que las autoridades peruanas han incurrido en "un desacato de las sentencias emitidas por esta Corte en los casos Barrios Altos y La Cantuta que provocaría un daño irreparable en materia de superación de la impunidad". Esto ante una eventual aprobación de la llamada ley de impunidad.

Además, como ser recuerda, en diciembre del año pasado, la Corte IDH emitió una resolución indicando que Perú incurrió en un desacato al liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión como autor mediato por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, contra su sentencia que dispuso abstenerse de implementar el fallo del Tribunal Constitucional que iba contra la obligación del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos cometidas, precisando que no se ejecute ningún mecanismo de impunidad.