El titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, se pronunció —en conferencia de prensa— tras la aprobación del informe final que identifica presuntos hechos de infracción constitucional por parte del presidente de la República, Pedro Castillo. Hizo un llamado a que la nueva fiscal de la nación, Patricia Benavides, recoja las conclusiones de la indagación preliminar realizada por el grupo parlamentario sobre los presuntos ilícitos cometidos por el jefe de Estado.
“Estamos cumpliendo con todas las normas establecidas en la Constitución, el artículo 117° de la Carta Magna es claro al decir que al presidente no lo podemos acusar, pero sí perfectamente podemos iniciarle estas investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y eso es lo que se ha venido haciendo. Esperemos que cuando se continúen las investigaciones preliminares en el Ministerio Público esta nueva fiscal de la nación sea diligente como lo estuvo haciendo el exfiscal saliente”, declaró a Canal N.
En otro momento, Héctor Ventura lamentó que el mandatario haya evitado declarar ante la Comisión de Fiscalización, tras ser citado hasta en cuatro oportunidades: “Hubiese sido necesario e importante que el presidente de la República, como primera autoridad del país, muestre principios de transparencia, de objetividad y de probidad ante todos los peruanos y no excusarse de falsos argumentos carentes de contexto legal y real”, agregó.
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Este jueves 30 de junio, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por los casos Puente Tarata III, la injerencia en ascensos de las Fuerzas Armadas y las visitas en Sarratea. Asimismo, proponen denunciar al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y colusión.
Tras la exposición de los sustentos y posterior debate, con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, el documento fue validado por la comisión presidida por el fujimorista Héctor Ventura. De esta forma, pasaría al Pleno del Parlamento para buscar nuevamente su aprobación. En caso esto ocurra, sería remitido a la Fiscalía.