Informe de Cavero que blindó a Merino citó documento que señaló a excongresista como responsable

Nuevas inconsistencias se evidencian en el informe presentado por el congresista de Avanza País Alejandro Cavero. Dicho documento recomendaba archivar la denuncia constitucional presentada contra Manuel Merino; sin embargo, fue aprobado posteriormente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, en un claro acto de blindaje al excongresista acciopopulista.

Esta vez, las precisiones llegaron por parte del investigador César Muñoz, encargado de elaborar la publicación de Human Rights Watch que fue citada por el congresista en su polémico texto. Él aclaró por redes sociales que en su trabajo sí se especificaba la existencia de una fuerte represión policial, lo que contradijo lo presentado por el joven parlamentario.

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El informe resolvió que las manifestaciones ocurridas en noviembre de 2020 fueron “en su gran mayoría, pacíficas y, aun así, la Policía intentó dispersarlas en reiteradas ocasiones, a menudo mediante el uso de la fuerza”. “Aunque algunos manifestantes arrojaron piedras a la Policía, la respuesta policial fue excesiva e indiscriminada y provocó cientos de heridos y dos muertes”, apuntó el archivo. Esto contravino a lo presentado por Cavero, quien recalcó que no existió un empleo desmedido de la fuerza por parte de la PNP.

“Cavero citó el informe de Human Rights Watch sobre los hechos en su propio informe, pero parece que no lo leyó. Nuestro informe aborda abundante evidencia de que la policía usó fuerza excesiva contra manifestantes. No fueron casos aislados”, expresó el especialista por Twitter.

Un par de publicaciones después, Muñoz también lamentó la decisión tomada por el Congreso. “Lamentamos este acto de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que niega a víctimas y familiares un proceso penal que determine la responsabilidad del expresidente Merino y dos de sus ministros”, añadió.

Subcomisión de Acusaciones blindó a Merino y a dos de sus ministros

La SAC del Congreso, liderada por Rosío Torres, aprobó el documento de Alejandro Cavero con 8 votos a favor frente a 7 votos en contra. Esta situación dejó a las familias de Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos en las protestas de noviembre de 2022, sin responsables directos por las muertes de ambos protestantes.

Para lograr este atropello a los deudos, el voto dirimente de Rosío Torres fue decisivo, así como la intervención de la bancada de Fuerza Popular en dicha comisión, ya que los tres congresistas naranjas (Martha Moyano, Ernesto Bustamante y Nano Guerra) se mostraron a favor de archivar la denuncia.