Cerrón califica de “golpe de Estado blando” posible denuncia constitucional contra Boluarte

El secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció en contra del informe enviado por la Contraloría General de la República al Congreso, en la que advierten una presunta infracción constitucional de parte de la primera vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

El exgobernador regional de Junín se adelantó a la posibilidad de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales emita un informe final donde encuentren responsabilidad en la primera vicepresidenta y opten por recomendar la sanción máxima aplicable en estos casos, que es la inhabilitación hasta por 10 años.

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Ante este escenario, el presidente Pedro Castillo quedaría sin un posible reemplazo según el orden constitucional porque Vladimir Cerrón fue excluido –en época electoral– de la plancha que presentó Perú Libre en el 2021. Ante esta posibilidad, el líder de izquierda calificó la posible acusación constitucional contra Dina Boluarte como un “golpe de Estado blando”.

“La suspensión del Presidente y la inhabilitación de la vicepresidenta serían un golpe de Estado blando por las clases dominantes, pero derechizar el Gobierno le hace perder identidad política que facilita que las clases dominadas miren al Gobierno con decepción”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Congreso analizará presunta infracción constitucional de Boluarte

El último 20 de mayo, la Contraloría General de la República remitió un informe al Congreso de la República donde da cuenta sobre una presunta infracción constitucional cometida por parte de la primera vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Este documento también habría sido enviado a la integrante del Ejecutivo.

El informe advierte una presunta infracción del artículo n.° 126 de la Constitución Política del Perú, el cual señala lo siguiente: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…) Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

En concreto, se acusa a Dina Boluarte de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ostentaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Esto representaría –según informe de la Contraloría– una infracción a la Constitución por realizar labores externas en el ámbito privado mientras era una funcionaria pública.