Yanet Guerrero ratifica denuncia contra nuevo jefe de Control del Ministerio Público

“Fuimos a un edificio en la avenida Grau. Yo pensaba que nos íbamos a reunir con Peláez, porque esa era la idea. Pero el fiscal no estaba y nos recibió la secretaria (Nilda Caja Culqui). Al rato apareció (Juan) Fernández Jerí. Fernández me dijo que todos los trámites y papeleos los iba a hacer con ellos y también el pago era con ellos. Nosotros no teníamos un sol para darle, pero lo que quería era pedirle al fiscal de la Nación que dejen salir a mi papá. Esa fue mi idea tonta”, ratificó Yanet Guerrero a La República.

Guerrero buscaba desesperadamente la liberación de su padre, cuando en Amazonas se topó con Richard Guevara Dávila. Este le dijo “que tenía contacto con el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, al que había que darle algún dinero para que moviera los papeles y así mi papá saliera en libertad. Habló de 80 mil soles”.

Yanet Guerrero viajó a Lima, pero en lugar de Peláez fue recibida, dice, por Fernández en un edificio de la avenida Grau. Tiempo después denunció públicamente el hecho y la Procuraduría formuló una denuncia ante Control Interno.

El 2017 la denuncia fue archivada por el entonces fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza. Al presentar su candidatura para la jefatura de la Autoridad de Control del Ministerio Público, este antecedente no fue evaluado.

La Junta Nacional de Justicia nombró a Fernández Jerí como nuevo jefe de la Autoridad de Control del Ministerio, que supervisará a todos los fiscales a nivel nacional. Antes de juramentar, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidió revisar este antecedente.

En sus descargos, Fernández dijo que al ser interrogada Yanet Guerrero se retractó y que la Fiscalía archivó el caso. Reconoció que sí tuvo una oficina en la avenida Grau y que recibió a Guerrero, como asesor del fiscal de la Nación. Además, que ya no era tiempo para cuestionar su candidatura.

Reevaluación

Legitimidad. Durante la audiencia de descargos, el consejero Aldo Vásquez habló de la necesidad de que las autoridades elegidas por la Junta tengan legitimidad.