Piden que expresidente Pedro Pablo Kuczynski se defienda en libertad

Expresidente, exministro, economista, banquero, político. Tras 56 meses de investigación, Pedro Pablo Kuczynski, de 83 años, debe vivir encerrado en su domicilio del jirón Choquehuanca en San Isidro, sin que la Fiscalía haya podido encontrar alguna prueba u obtener un testimonio en su contra.

En estos últimos 4 años y 6 meses le han bloqueado sus cuentas, incautado sus propiedades, desalojado a sus inquilinos y tiene prohibido comunicarse con su chofer, su secretaria, sus amigos y colaboradores, explica su hermano Miguel Kuczynski.

Los fiscales temen, y los jueces creen, que, al contactar a esas personas, PPK puede entorpecer el hallazgo de las pruebas que con tanta vehemencia, busca el Equipo Especial del caso Lava Jato.

Este aislamiento viene resquebrajando su salud. “Lo he encontrado decaído, con la salud frágil, deprimido e incómodo por todas las condiciones que se le han impuesto y que considera injustas, desproporcionadas”, anota su hermano.

Miguel Kuczynski llegó esta semana para visitarlo desde Londres, aprovechando sus vacaciones. “Son más de cuatro años de pagar abogados, cauciones y diversos costos, que lo están llevando a la ruina, hasta su fondo de retiro en Estados Unidos está bloqueado, subsiste con su pensión de presidente y el apoyo de sus familiares”, subraya.

Agrega que “su hija menor se graduó en Estados Unidos y él no la puede ver”. “No ha podido estar a su lado en ese momento, eso es muy doloroso emocionalmente. Pedro Pablo usa un marcapasos que requiere atención especializada en Estados Unidos, pero nada de eso se toma en cuenta”, subraya.

Esta semana, PPK debería salir de la cárcel de haber prosperado la orden de prisión preventiva por 36 meses que le impuso el juez Jorge Chávez Tamariz, el 19 de abril del 2019. De acuerdo con las normas procesales, en este plazo, Kuczynski debió haber sido acusado, llevado a juicio y determinarse si es inocente o culpable.

Su edad y estado de salud lo salvó de ingresar a prisión, recuerda su hermano. La Sala de Apelaciones le otorgó arresto domiciliario y severísimas restricciones, bajo amenaza de ingresar a prisión, a lo que se ha sumado otras prohibiciones y nuevas investigaciones.

La Fiscalía considera que todo eso es aún insuficiente. Esta semana, el juez Chávez Tamariz evaluará nuevas restricciones. Al no poder ampliar el arresto domiciliario, el fiscal José Domingo Pérez ha pedido que se le prohíba salir de Lima Metropolitana.

“Hay un ensañamiento, dice Miguel Kuczynski, un maltrato jurídico, que afecta la presunción de inocencia. Sin una acusación. Sin una sola prueba se le considera culpable. Marcelo Odebrecht y Jorge Barata han declarado que no le han hecho ningún pago ilícito. Ni uno solo de los testigos declara en su contra, no hay nada”.

Miguel Kuczynski ruega que el juez a cargo de su caso haga justicia y levante las restricciones que se le han impuesto y sobre todo que se le permita viajar para hacerse un chequeo médico.

“Él va a regresar, necesita que los médicos lo evalúen, ver a su hija y esposa y va a regresar, él es peruano, aquí está su vida y va a regresar, sabe que es inocente”, asegura.

El viernes, a través de un comunicado público, diversos expresidentes latinoamericanos han llamado la atención que “preocupa el uso de medidas que desconocen fronteras constitucionales. No es admisible que a una persona se le haya confiscado sus propiedades, cancelado sus fuentes de ingresos y recortado su libertad de expresión.

PPK afronta en este momento ocho investigaciones. Las primeras cuatro están relacionadas a los pagos que recibió su empresa de asesoría, Westfield Capital, en la época en que se desempeñaba como ministro de Estado. Él ha declarado que en esas épocas estaba apartado de la empresa y esos negocios los vio Gerardo Sepúlveda.

Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, los ex principales ejecutivos de Odebrecht, han declarado que no realizaron pagos ilícitos al expresidente y exministros y que la asesoría fue efectivamente realizada. Ningún testigo desmiente esa versión.

Pruebas

Peritaje. En un caso de lavado de activos, la principal prueba es el peritaje, señala el abogado de PPK, Julio Midolo. Hasta ahora, la Fiscalía no concluye con realizar el peritaje contable y financiero. La defensa presentó un peritaje de parte que descarta delito alguno.

Reacciones

Juan Jiménez Mayor, exministro de Justicia

“Todos los ciudadanos tenemos el derecho de tener un proceso justo y el respeto de nuestras garantías constitucionales”.

José María Ascensios, jurista español

“El arresto domiciliario tiene que estar justificado en un peligro procesal real, que en este caso no existió ni existe, y debe ser revisado periódicamente cada vez que cambien las circunstancias”.