Familiares de víctimas de Fujimori piden a la Corte IDH dictar medidas provisionales

Una solicitud para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopte medidas provisionales para que el Tribunal Constitucional (TC) no valide el irregular indulto a Alberto Fujimori, afectándose el derecho a la justicia, presentaron los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.

El documento fue enviado anoche por varios organismos de derechos humanos que los representan, entre ellos CEJIL, la Coordinadora de Derechos Humanos Aprodeh, IDL, Comisedh y Fedepaz.

Presentaron este pedido ante las informaciones periodísticas que revelan que el recurso de habeas corpus se puso en la agenda de hoy del pleno del TC, y que aparentemente la posición a favor de la salida de Fujimori tendría una mayoría al contar con el voto dirimente del presidente de dicho colegiado.

Las víctimas exhortan a la Corte IDH que dicte medidas provisionales y ordene al Estado que garantice su derecho a la justicia, con el fin de evitar acciones de impunidad que generen retrocesos en el cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Asimismo, solicitan que se convoque de forma inmediata, en el período de sesiones que se está realizando, una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de la sentencia y medidas provisionales para ver este tema.

Instan a la Corte a que, de ordenarse la liberación de Fujimori, emita una resolución que disponga su nulidad en base a su jurisprudencia y a la resolución que dictaron en mayo de 2018 frente al indulto humanitario que en Navidad del 2017 le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una coyuntura de enfrentamiento con el Congreso, lo cual planteó su vacancia del cargo.

En base a la disposición del tribula supranacional, la Corte Suprema evaluó la forma, velocidad e irregularidades en el trámite para otorgar el beneficio presidencial, y preciso que no cumplía con las exigencias legales esenciales. Debido a ello en octubre del 2018 Fujimori volvió al penal de la Diroes.

Fujimori cumple 25 años de prisión al haber sido condenado como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, llevados a cabo por el Destacamento militar Colina en 1991 y 1992.