La congresista por Perú Libre Katy Ugarte se pronunció sobre la demanda de habeas corpus presentada por el presidente de la República, Pedro Castillo, contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). La legisladora manifestó que espera que este recurso prospere y así se logre anular la admisión de la denuncia constitucional por presunta traición a la patria.
Mediante sus redes sociales, la parlamentaria oficialista compartió su pronunciamiento al respecto y señaló que la acusación no tendría sustento y, además, vulneraría derechos contra el jefe de Estado.
“Esperamos que prospere el recurso de habeas corpus en favor del presidente Pedro Castillo Terrones para declarar nula la admisión de la denuncia constitucional por supuesta ‘traición a la patria’ aprobada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pues no tiene sustento legal y se está vulnerando el derecho a la libertad individual, así como el debido proceso, entre otros derechos”, escribió en su cuenta de Twitter.
Tuit de Katy Ugarte. Foto: captura de Twitter/@katy_ugarte
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Asimismo, la también exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables expresó que la denuncia impulsada por sus colegas José Cueto (Renovación Popular) y Norma Yarrow (Avanza País) sería un recurso para destituir al presidente debido a que la oposición no cuenta con los votos necesarios para vacarlo.
“En vista de que la oposición no tiene los votos para vacar al presidente Pedro Castillo Terrones, mediante acusación constitucional se busca sacar del cargo al presidente de la República, quien fue democráticamente elegido por un periodo de cinco años. ¡Eso es golpismo!”, aseveró.
El presidente de la República presentó una demanda de habeas corpus en contra de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República con el objetivo de que se declare nula la admisión de la denuncia constitucional en su contra por una presunta traición a la patria.
El recurso fue presentado ante el Poder Judicial a través del abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas, y en este señala que los congresistas del grupo de trabajo parlamentario que admitieron la acusación habrían cometido una presunta vulneración del derecho a la libertad individual, al debido proceso y a los principios de legalidad e inaplicabilidad de la ley penal.