Denuncia constitucional contra Pedro Castillo no tendría sustento jurídico, según expertos
Especialistas señalaron a La República que el avance de la acusación constitucional admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dependerá más del juego político del Congreso que de su fortaleza jurídica.
Con el voto dirimente de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, Rosío Torres, el pasado lunes 28 de febrero se declaró procedente la denuncia constitucional contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, por supuestas infracciones a la Constitución y por el presunto delito de traición a la patria.
La acusación constitucional pasará ahora a la Comisión Permanente, que deberá debatir, aprobarla y devolverla a la SAC para que inicie el proceso investigador a partir del cual se recomendará si procede o no la demanda contra el mandatario.
La denuncia se sostiene en los presuntos incumplimientos de los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1, 2 y 11) de la carta magna en los que habría incurrido Castillo Terrones, además del supuesto delito de traición a la patria, por declarar a un medio internacional sobre la posibilidad de dar salida al mar a Bolivia a través de una consulta popular.
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Al respecto, el abogado constitucionalista Luciano López opinó que la acusación admitida por la SAC no tendría un sustento sólido, pues alegó que, como el mandatario no tiene la facultad constitucional para convocar a la ciudadanía y consultarle si procede el acceso de Bolivia al Pacífico, no podría incurrir en ninguna falta o delito.
“A mí me molesta la respuesta que dio Castillo, pero que esas declaraciones puedan ser consideradas como una infracción o un delito constitucional me da la impresión de que no, porque el presidente no tiene facultad en la Constitución mediante la cual él pueda convocar a una consulta al pueblo para preguntarle si da salida marítima a Bolivia”, explicó el especialista a La República.
No obstante, dejó en claro que el avance de la denuncia constitucional dependerá más del juego político del Congreso que de la fortaleza jurídica de la solicitud.
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“Naturalmente, esto tiene que ver con el juego político, con los votos, del cual dependerá si es que avanza este procedimiento, pero que avance más que nada será por la fuerza de los votos que por fortaleza jurídica de la solicitud, que, en mi opinión, no la tendría”, comentó.
Del mismo modo, el abogado constitucionalista Omar Cairo consideró que la denuncia contra el mandatario Pedro Castillo tampoco tendría sustento. Explicó que las declaraciones del mandatario se refieren al reclamo de Bolivia para conseguir una salida al mar por territorio chileno. En ese sentido, mencionó que de ninguna manera pueden ser consideradas un acto antipatriótico.
Asimismo, indicó que la acusación se basa en el artículo 325 del Código Penal, el cual expresa que se comete el delito de traición a la patria cuando “se practica un acto dirigido de someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera o hacer independiente una parte de la misma”. Sin embargo, el especialista señaló que las palabras del presidente Castillo no habría sugerido ello.
“En la declaración que ha dado el presidente de que está de acuerdo con el reclamo boliviano de salida al mar, que este sería por suelo chileno, no hay por ningún lado algún acto dirigido al sometimiento de la República a la dominación extranjera o a hacer una parte de ella independiente”, puntualizó.