Advierten efectos negativos de la ley de formalización minera

Entre gallos y medianoche, el Gobierno promulgó el 31 de diciembre la ley que amplía hasta el 2024 el plazo de la formalización de la minería ilegal. La iniciativa fue aprobada por el Congreso el 16 de diciembre.

La Defensoría del Pueblo había solicitado al Ejecutivo que observe el dictamen por las graves consecuencias que genera al medio ambiente y los derechos humanos. Asimismo, el Ministerio del Ambiente advirtió que el proceso, iniciado hace 19 años, no da resultados, y que los beneficiados son los mineros ilegales. Sin embargo, en Palacio hicieron oídos sordos.

En diálogo con La República, la adjunta de la Defensoría del Pueblo en Medio Ambiente, Lissette Vásquez, resaltó que esta prórroga ocasiona un clima de impunidad en la defensa y fiscalización. “Reiteramos nuestra postura de que esta norma implica un retroceso frente a la minería informal e ilegal”, dijo.

Vásquez recordó que a los mineros informales se les exige contar con instrumentos de gestión ambiental, pero muchos no cumplen con los requisitos. “Es una actividad que genera riesgos a la vida y a la salud de las personas”, recalcó.

Además, resalta que en el proceso de formalización los mineros ilegales se inscriben ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), acción que los blinda de investigaciones del Ministerio Público.

Refirió que les sorprendió y preocupa que el Ejecutivo no haya recogido la postura del Ministerio de Ambiente.

En silencio

Tras la promulgación, ni la cartera ministerial ni su titular, Rubén Ramírez, ha dado algún pronunciamiento. Tampoco la primera ministra, Mirtha Vásquez. Quien sí saludó la medida fue el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, y además destacó, según el portal de la entidad, que la ley fue una promesa que el presidente Pedro Castillo hizo a los pequeños mineros y mineros artesanales.

Piden pronunciamientos

El exministro del Interior Rubén Vargas lamentó la alineación del Gobierno con el Congreso en esta norma que degrada la Amazonía. “No podemos festejar sabiendo que detrás hay explotación sexual a menores, que envenena a nuestros ríos y contamina los suelos”, señaló.

“En general lo que estamos viendo es la absoluta claudicación del poder político frente a las economías ilegales”, sostuvo y añadió que se espera el pronunciamiento de exministros del Ambiente, universidades, colegios profesionales y otros.

La clave

“Express”. Alianza para el Progreso presentó el proyecto, a la semana pasó a comisión y tres después se aprobó en el Pleno. Proceso duró 35 días en el Congreso.