Mirtha Vásquez sobre funcionarios cuestionados: “No más escándalos por malas designaciones”
La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, presentó un decreto supremo para transparentar la gestión del Poder Ejecutivo en el 2022.
La primera ministra, Mirtha Vásquez, presentó este jueves 9 de diciembre un decreto supremo que contiene una serie de acciones en la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo para prevenir la corrupción en el 2022. Durante su discurso, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, dijo que se implementarán mecanismos en la designación y contratación de funcionarios públicos a fin de verificar la capacidad profesional y moral de los que aspiren a ingresar a la gestión pública.
De esta manera, explicó que se revisarán los contratos de los funcionarios que en la actualidad se encuentran ocupando cargos públicos. El anuncio lo realizó en compañía del presidente de la República, Pedro Castillo, en la 39° Sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).
“No más escándalos por malas designaciones”, dijo Vásquez cuando tomó la palabra para presentar el decreto supremo que contiene una serie de acciones en la lucha contra la corrupción, la misma que será adoptada en 19 ministerios públicos y organismos públicos adscritos al Poder Ejecutivo.
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“Sabiendo que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha con la Corrupción, en ese marco, como lo dispuso el presidente de la República, Pedro Castillo, consideramos oportuno anunciarle al país que hemos venido trabajando con la secretaría técnica de integridad pública una serie de acciones para reforzar la prevención y evitar la ocurrencia de prácticas cuestionables y situaciones que resulten contrarias a la ética que corresponde al ejercicio correcto de la gestión pública”, detalló la primera ministra.
Riesgos que afecten la integridad pública
Mirtha Vásquez indicó que en la actualidad todas las entidades del Poder Ejecutivo desarrollarán actividades de inducción y capacitación obligatoria permanente de manera que desarrollen la capacidad de identificar y gestionar posibles problemas éticos con el propósito de evitar riesgos que afecten la integridad pública
“Debemos desarrollar capacidades de nuestros servidores públicos para que independientemente de su cargo puedan tomar decisiones basadas en la observancia de normas, principios y valores que aseguren la coherencia de nuestros actos con la finalidad que tiene la gestión pública: servir al ciudadano por encima de los intereses personales”, expuso.
