Silvia Barrera, exalcaldesa de VMT, habría coordinado con Bruno Pacheco presiones a la Sunat

Hace poco menos de una semana se dio a conocer que el ahora ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco había intercedido en ascensos irregulares de altos mandos militares, y ahora sale a la luz que el superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), Luis Enrique Vera, fue objeto de presiones por parte de la mano derecha del presidente Pedro Castillo para favorecer a empresas y a su allegados.

Conversaciones de WhatsApp y Telegram difundidas por el portal Lima Gris daban cuenta de cómo se buscaba coaccionar al más alto mando de la Sunat, pero lo que pasó desapercibido en aquel momento fue el rol que cumplía una política de antaño en estas inaceptables movidas.

Según un reportaje emitido por el dominical Panorama, Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo durante el período 2011-2014, habría coordinado las presiones de Pacheco Castillo en la Sunat para beneficiar a la empresa Deltron en una deuda existente con la institución.

La otrora burgomaestre por Perú Posible y hoy cercana a Podemos Perú de los Luna Gálvez figura en los mensajes de texto como quien envía las resoluciones al exsecretario de Palacio para que este pida los favores a Luis Vera.

Según el portal de Transparencia, Barrera Vásquez visitó hasta en nueve ocasiones las oficinas de Secretaría y Subsecretaría de Palacio, y llegó a mantenerse en el interior de la sede por hasta nueve horas, bordeando la medianoche.

Como se conoce, fueron hasta tres solicitudes que Bruno Pacheco le hizo al jefe de la Sunat. Además de abogar por el Grupo Deltron, el 26 de setiembre recomendó al abogado martillero Marco Antonio Urbina Chumpitassi para que sea elegido en un concurso en Trujillo. Días después también buscó interceder por una empresa minera.

Al no recibir respuesta, el exsecretario envió un documento con temas a tratar en la PCM, entre ellos la designación del superintendente nacional. Pese a ello, ninguno de sus pedidos fue aceptado y todo prosiguió bajo la normativa de Sunat.

La Fiscalía viene investigando al renunciante funcionario del Ejecutivo para comprobar si durante sus cuatro meses en Palacio de Gobierno se cometieron los delitos de tráfico de influencias, cohecho y patrocinio ilegal.