No protejan a Manuel Merino y Ántero Flores-Aráoz, pide familia de Inti Sotelo
Caso 14N. Padre y hermano de Inti Sotelo esperan encontrar justicia en el Congreso. Vocero de AP dice que no blindarán a nadie. APP indica que analizarán acusación.
El padre de Inti Sotelo, Salvador Sotelo Morales, pidió a las bancadas del Congreso no proteger al expresidente Manuel Merino, el expremier Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez para que respondan ante la justicia por la muerte de Inti y Bryan Pintado Sánchez y las lesiones sufridas por otras 78 personas que participaron en las protestas de noviembre del 2020.
“Yo pido a los congresistas de Acción Popular, Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País que no encubran a (Manuel) Merino, que le otorguen justicia no solo a mi familia sino a todo el país. Les pido que no sigan un mismo libreto, que actúen de acuerdo a ley”, indicó el padre del joven de 24 años, que recibió el impacto de un perdigón a la altura del corazón, el cual acabó con su vida.
Inti y Bryan
“Esperanza en bancadas”
Salvador Sotelo, luego de saludar la investigación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien presentó denuncia constitucional contra los citados exfuncionarios ante el Congreso, dijo que espera que la bancada de AP demuestre “que sí se puede hacer justicia” en el país.
A su vez, el hermano de Inti, Pacha Sotelo, comentó que “hay partidos que entienden por qué los jóvenes salimos entonces a marchar y otros que nos ven como unos vándalos azuzados para salir a las calles y seguro con sus votos darán la contra a las familias”.
“Pero espero a dos partidos: Acción Popular, porque he escuchado a varios de sus representantes actuales y me da esperanza de que con sus votos puedan dejar que estos sujetos enfrenten a la justicia. Y tengo esperanza en APP, pues deseo que sus disculpas no queden en el papel, ya que la universidad de su líder envió un documento a mi familia, con las condolencias del caso. Quiero que nos digan que lo sienten con acciones”.
“No se blinda a nadie”
En tanto, el vocero de Acción Popular (AP), Carlos Zeballos, sostuvo a título personal que de ser el caso Manuel Merino tendrá que asumir lo que le toca. Aclaró que la denuncia constitucional por parte de la Fiscalía aún no ha sido vista por su bancada. “En Acción Popular nunca hemos blindado ningún acto que tenga que ver con responsabilidades individuales y, en este caso, el excongresista Merino tiene que asumir lo que le corresponde. Si él ha cometido algún acto irregular y necesita ser investigado, tiene que asumir sus responsabilidades de ser el caso”, señaló.
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Destacó que “el partido no tiene por qué asumir su responsabilidad”, al explicar que ni AP ni sus bases autorizaron que Merino asuma la presidencia. “Se va a respaldar todo procedimiento. Queremos un Parlamento diferente, acá cada uno tiene que asumir su responsabilidad”, enfatizó.
Por su parte, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, señaló que “es un tema bastante delicado y hay que verlo con mucho cuidado”. Manifestó que deben revisar los argumentos de dicha acusación, las pruebas y los elementos de convicción.
“Tendríamos que revisar la denuncia para emitir una opinión con elementos de juicio porque aquí lo que se va a determinar es la presunción o no de un hecho ilícito penal”, indicó.
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No obstante, Salhuana advirtió que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene aún que instalarse y que, de acuerdo a lo conversado con los voceros de otras bancadas, se espera que esta semana se constituya.
Rivera destaca indicios contundentes de la Fiscalía
El abogado defensor de la familia Sotelo, Carlos Rivera, explicó que entre los indicios más contundentes de la acusación constitucional está que la Fiscalía establece que se trata de un caso de violación de derechos humanos. Asimismo, que las muertes y lesiones están debidamente acreditadas con pericias médico-legales o de carácter balístico. “La Fiscalía concluye que las lesiones y muerte de Inti y de Bryan fueron ocasionadas por el uso de armas de fuego que eran de la dotación de los elementos de la Policía que estuvieron bajo el control de las manifestaciones”. Expuso que “la Fiscalía determina que la responsabilidad penal radica en el conocimiento que tuvieron y presenta múltiples evidencias como información pública y declaraciones testimoniales”.
