Encuentran información relevante en inmuebles de Perú Libre y Vladimir Cerrón

Agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional (Dirila), después de allanar por mandato judicial 7 inmuebles en Lima y Huancayo, entre locales del partido Perú Libre y 3 propiedades del secretario general Vladimir Cerrón Rojas, encontraron información relevante sobre presunto financiamiento ilícito de la organización política.

Veinte días después de que el Poder Judicial admitió trasladar de Huancayo a Lima la investigación del caso denominado Los Dinámicos del Centro, el fiscal especializado en lavado de activos Richard Rojas solicitó la intervención de las propiedades para obtener documentación relacionada a las finanzas de Perú Libre.

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La hipótesis del fiscal es que militantes y personas vinculadas con el partido de Cerrón formaron una supuesta organización criminal dentro del Gobierno Regional de Junín -en la actualidad bajo control de autoridades de Perú Libre- para obtener fondos ilícitos y destinarlos al financiamiento de sus actividades políticas, como las campañas de la primera y segunda vuelta del excandidato Pedro Castillo Terrones.

El juez Juan Carlos Sánchez consideró que el fiscal Rojas había acopiado suficiente evidencia y autorizó el allanamiento simultáneo a los locales de Perú Libre y en la casa de Cerrón, para obtener los libros contables, registros de compras y ventas, de inventario y caja, además de “todo documento consistente en vouchers, comprobantes, informes, listas, notas, oficios, cartas, contratos y otros; así también objetos y/o cosas pertinentes al objeto de investigación, vinculados a los aportes (dinerarios y/o no dinerarios), así como respecto al patrimonio adquirido y/o utilizado dentro de las campañas de Perú Libre entre 2008 y 2021”, señaló el magistrado en su resolución judicial.

“Se tuvo que recurrir al allanamiento porque personas del partido político (Perú Libre) se mostraron renuentes a entregar información que se les requirió formalmente. Además de documentos se han conseguido computadoras, discos duros, USB, CD y otro tipo de soporte de información relevante para el caso”, dijeron fuentes relacionadas con el caso.

De acuerdo con el mandato judicial, los allanamientos se justifican porque “las conductas y efectos de los hechos revisten especial gravedad, pues se está investigando a una presunta organización criminal enquistada dentro del partido Perú Libre, por la comisión de graves delitos como cohecho, negociación incompatible y organización criminal, entre otros”, precisó.

Y en el caso específico de Cerrón, se le considera “presunto líder de una organización criminal conformada por miembros o afiliados al partido, funcionarios públicos, servidores estatales, empresas contratistas y testaferros, cuyos objetivos habrían sido el financiamiento de las diversas campañas políticas de carácter distrital, provincial, regional, congresal y presidencial”.

Por su parte, Vladimir Cerrón, desde su cuenta de Twitter, respondió a la acción judicial: “Denuncio la persecución política contra el partido y sus dirigentes, que conllevó allanamiento de nuestra sede y mi domicilio”, escribió: “Llamo a la unidad contra quienes controlan los poderes estatales para sus fines”.

“Existe una motivación política”

El abogado de Vladimir Cerrón, Raúl Noblecilla, señaló que los allanamientos son procedimientos que puede obtener el Ministerio Público mediante autorizaciones judiciales, pero no descartó algún tipo de motivación política.

“Hay grupos que no entienden que han perdido las elecciones y les cuesta demasiado aceptar que la izquierda está en el poder. Y están presionando para condicionar las acciones del Ministerio Público y de la justicia”, dijo.

“No hablo de un fiscal o de juez en particular. Hablo de los intereses políticos y económicos que quieren prevalecer sobre la democracia. Por eso elevo mi voz de protesta”, afirmó Noblecilla.

En Twitter

“Desde el Perú Profundo denuncio la persecución política contra el Partido (Perú Libre) y sus dirigentes, que conllevó al allanamiento de nuestra sede y mi domicilio.

Agradezco la solidaridad del pueblo peruano y llamo a la unidad contra quienes controlan los poderes estatales para sus fines.”

Mandato judicial

Primera página de la resolución del magistrado Juan Carlos Sánchez, quien autorizó el allanamiento requerido por el fiscal de lavado Richard Rojas.

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