Fiscal Sánchez contestó solo 4 de 52 pedidos de información de Fiscalía Suprema sobre Cuellos Blancos
Mayor parte son solicitudes de las transcripciones de los audios que incriminan a 108 implicados que investigan la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Los documentos podrían ayudar a acelerar los procesos contra fiscales y jueces de la red criminal.
La fiscal provincial Rocío Sánchez Saavedra ha manifestado públicamente que existe voluntad dentro del Ministerio Público de desplazarla del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, que inició en su despacho en 2018. “Si han perdido confianza en mi trabajo, que me lo digan de frente”, declaró Sánchez al periodista Álvaro Reyes, el miércoles 23 septiembre. En realidad, lo que tiene en su contra la fiscal Rocío Sánchez son los números.
Entre 2018 y lo que va de 2020, la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que investiga a 108 implicados en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, expidió 52 solicitudes de información a la fiscal Rocío Sánchez, expedientes que se encuentran en su despacho. Solo contestó —y a medias— nada más que 4. Ni el 8% del total.
Los fiscales que escudriñan a los integrantes y cómplices de la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto han expresado una justificada inquietud por la falta de respuestas a sus peticiones de información, porque afecta el desarrollo de sus diligencias investigativas. De la totalidad de solicitudes, 47 se hicieron en el curso del presente año, como puede apreciarse en el cuadro adjunto.
De acuerdo con fuentes de La República en el Ministerio Público, las indagaciones de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos abarca 308 hechos o episodios corruptos investigados y relacionados con el mencionado caso. Estos implican a ocho jueces y fiscales investigados, lo que ha motivado la suspensión de sus cargos.
Además, investigados por organización criminal existen 6 jueces con proceso penal instaurado, aparte de 6 jueces, un fiscal y un abogado, con investigación preliminar por el mismo delito.
Hasta el momento, son 39 los investigados con procesos penales instaurados. Y un total de 113 investigados o involucrados en los hechos se encuentran sometidos al levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Sin embargo, la falta de respuesta a los pedidos de información de la Primera Fiscalía Suprema, cursados a la fiscal Rocío Sánchez, afecta el rápido desarrollo y resolución de los expedientes.
“Debido a la falta de respuesta a las solicitudes de información, la Fiscalía Suprema ha tenido que hacer seguimiento a las noticias públicas y también ha recurrido a informes de colaboración eficaz de la propia Fiscalía Suprema. Si la fiscal provincial Rocío Sánchez respondiera a los requerimientos que se le han hecho, la Fiscalía Suprema podría avanzar más rápidamente los casos y podría instaurar más procesos penales”, indicaron las fuentes.
“Los casos aumentarían significativamente si es que la fiscal Sánchez entrega informes de hechos nuevos que involucren a jueces y fiscales, no es necesario que los colaboradores eficaces digan lo que ya está registrado en los audios. De acuerdo con la norma, la Fiscalía Suprema no puede solicitar informes sobre las colaboraciones, si es que el fiscal a cargo no lo informa”, explicaron.
Los jueces cuyos derechos han sido suspendidos debido a su vinculación con el caso son Luis Pajares Narva, Saúl Beltrán Reyes, Daniel Peirano Sánchez y Ana Zapata Huertas. Y los fiscales son Armando Mamani Hinojosa, Juan Canahualpa Ugaz, Carlos Sáenz Loayza y Edgard Espinoza Casas.
“Lo que principalmente se le solicita a la fiscal Rocío Sánchez son las actas de transcripción de los audios, que ya hizo en su mayoría la fiscal Sandra Castro y entregó para que centralice dichos documentos a la fiscal Sánchez”, indicaron fuentes del Ministerio Público.
La República nuevamente recurrió a los canales oficiales para obtener la versión de la fiscal Rocío Sánchez, pero no obtuvo respuesta.
Una de las explicaciones que ha ofrecido públicamente la fiscal Sánchez sobre la tardanza en responder a las solicitudes de información, es por la coyuntura de la pandemia del nuevo coronavirus, pero hay peticiones fechadas en 2018, 2019 y antes de la pandemia.
Pero también es cierto que la fiscal Sánchez cuestiona los pedidos de los fiscales superiores y supremos encargados del caso Los Cuellos Blancos del Puerto: ''Se me está pidiendo los cuadernos reservados de colaboración eficaz, y como fiscal de este caso, tengo jurídicas observaciones respecto de esta petición", señaló en la mencionada entrevista que le hizo el reportero Álvaro Reyes, del diario Perú21. Hay oficios que son claramente abusos de autoridad.
El 9 de septiembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en parte por la decisión de la fiscal provincial Rocío Sánchez de no contestar los pedidos de información, resolvió entregar la coordinación del caso de Los Cuellos Blancos a la fiscal provincial Sandra Castro y designó a una tercera fiscal, Roxana Jáuregui, para reforzar al equipo. Además, la fiscal de la Nación decidió que entre las tres se distribuyan los expedientes que están en poder de Rocío Sánchez, lo que todavía no se cumple por objeciones de esta fiscal.
Fuente: Ministerio Público
Fuente: Ministerio Público
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