Procurador del Congreso planteó su oposición ante el TC sobre demanda competencial

A través de un documento ante el Tribunal Constitucional, el procurador del Legislativo, Manuel Peña Tavera, manifestó su oposición a la demanda competencial y medida cautelar que fue presentada por el Ejecutivo en contra de la moción de vacancia presidencial.

De esta manera, este miércoles 16 de septiembre, el letrado dirigió el oficio a la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, en el cual precisó: “Vengo a formular oposición a que la demanda competencial y medida cautelar accionadas por el procurador público, sean abruptamente conocidas y resueltas en forma express...”.

Enseguida, Peña Tavera detalló los motivos por los cuales presenta su oposición, al recordar que el TC dio a conocer que sesionará este jueves 17 de septiembre a las 9:00 a. m. para discutir la demanda del conflicto competencial y la solicitud de la medida cautelar, interpuesta por el Ejecutivo en contra del Congreso.

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El documento explicó que si el Tribunal Constitucional “acoge el planteamiento del Poder Ejecutivo, en el sentido que ha sido empleado de forma indebida, proceda a disponer el archivo del procedimiento de vacancia iniciado en contra del presidente de la República”, se estaría instrumentalizando el proceso competencial, como si fuese una herramienta de defensa personal del mandatario.

Asimismo, Peña señala que si la respuesta del Tribunal Constitucional resultara favorable para el mandatario Martín Vizcarra, se impediría “el ejercicio de una potestad exclusiva y excluyente del Congreso, como lo es la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral”.

Es por ello que el oficio resalta que el jefe de Gobierno tiene la oportunidad de utilizar su derecho a la defensa personal, “no funcional”, donde no deberían intervenir ningún organismo del Estado, y será el Parlamento el cual decidirá si se declara o no la vacancia presidencial.

Procurador del Congreso pide al TC no parcializarse

En otro momento, el procurador del Legislativo refirió que aún faltan 12 días calendario para que se venza el plazo que tiene el Tribunal Constitucional para resolver la admisibilidad de la demanda planteada por el Ejecutivo, por lo cual pide que sea analizada “sin apresuramientos indebidos o notoriamente parcializados”.

Según Manuel Peña, de ser así, podría tener un impacto negativo en la imparcialidad del proceso, empeoraría la situación política y mediática existente, y mellaría la imagen del Estado ante la opinión pública.

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